Por Alessia Genoves
El cese a la detención provisional, la suspensión del proceso penal y la activación de mecanismos del sistema interamericano de protección de derechos humanos fueron las demandas que el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) dirigió ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), tras la detención provisional, ordenada por el Tribunal Segundo de Paz de San Salvador, en contra de cinco ex-funcionarios del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que trabajaron durante la administración del expresidente Carlos Mauricio Funes.
De acuerdo con los integrantes de la gremial, la administración de justicia ha incurrido en acciones lesivas a los derechos humanos de los imputados, como la irrupción al debido proceso, ya que “no ha ocurrido, porque, de haber sido tomados en cuenta todos los hechos y los arraigos que se les presentaron, y los argumentos que todos los abogados de los acusados presentes esgrimieron, igual que los acusados ausentes,el juez hubiera tenido que decretar otro tipo de medidas sustitutivas, en lugar de las que ha decretado de detención provisional”, sostuvo ante la prensa el diputado Jorge Schafik Handal.
VEA: CASO DESFALCO PRISIÓN CONTRA 5 EXMINISTROS Y SUPUESTAS IRREGULARIDADES
#ULTIMAHORA | Declaraciones de familiares de privados de libertad en condiciones que ponen en riesgo la salud e integridad física.#LibertadParaLosPresosPoliticos pic.twitter.com/9ghyZlXv54
— COFAPPES (@cofappes) August 4, 2021
En el recurso, la denuncia se dirigen en contra del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado; en contra del Juez Segundo de Paz Interno de San Salvador, Carlos Iraheta y del titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Osiris Luna Meza por presuntos actos arbitrarios relativos al fallo de la audiencia inicial, y al procedimiento carcelario.
En el procedimiento son judicializados por los delitos de “enriquecimiento ilícito” y “lavado de dinero” diez ex-funcionarios del partido de izquierda, pero sólo cinco han confrontado la justicia, mientras el resto son buscados por la Interpol, al ser declarados como prófugos de la justicia La FGR confirma que los que guardan prisión responden a los nombres de “Carlos Cáceres (ex-ministro de Hacienda), Calixto Mejía Hernández (ex-viceministro de Trabajo), Violeta Menjívar (exministra de Salud), Hugo Flores Hidalgo (ex-viceministro de Agricultura) y Erlinda Handal Vega (Ex-viceministra de Educación)”.
| Ex-Funcionario | Cargo | Entregas |
| Salvador Sánchez Cerén | Expresidente de la República | $530,000 |
| Carlos Enrique Cáceres | Ex-Ministro de Hacienda | $210,000 |
| José Guillermo López | Ex-Ministro de Agricultura | $565,000 |
| Manuel Orlando Quinteros | Ex-Ministro de Obras Públicas | $290,000 |
| Calixto Mejía Hernández | Ex-Viceministro de Trabajo | $208,000 |
| Lina Dolores Pohl | Ex-Ministra de Medio Ambiente | $177,000 |
| Elva Violeta Menjívar | Exministra de Salud | $177,000 |
| Hugo Alexander Flores | Ex-Viceministro de Agricultura | $174,000 |
| José Manuel Melgar | Ex-titular del MJSP | $150,000 |
| Erlinda Handal Vega | Ex-Viceministra de Educación | $162,000 |
Ante los señalamientos, la DGCP negó las atribuciones de los manifestantes; y aseguró, en cambio, cumplir con el debido proceso judicial y el respeto a sus derechos humanos: “como institución respetuosa de los derechos humanos de los privados de libertad, estamos garantizando la atención en salud a los 5 exfuncionarios del FMLN que están guardando detención, mientras se desarrolla su proceso judicial”.
VEA: CRÓNICA ASÍ CONCLUYE EL REQUERIMIENTO CONTRA 6 EXFUNCIONARIOS DEL FMLN
Entre otros señalamientos del COFAPPES, sostiene que la DGCP violenta el derecho humano a la salud en contra de los presidiarios que fueron miembros del partido de izquierda, especialmente los del ex titular del Ministerio de Hacienda (MH), Carlos Ernesto Cáceres; en contra de la ex-.titular del Ministerio de Salud (MINSAL), Violeta Menjivar y en perjuicio de la ex directiva del Vice-Ministerio de Educación (MINED), Erlinda Handal Vega, de quienes sostienen que “presentan un estado de salud delicado”.
#OperaciónDesfalco | Carlos Cáceres, Hugo Flores y Calixto Mejía, todos exfuncionarios de gobiernos del FMLN, ya se encuentran en el Sector 9 del Centro Penal La Esperanza, aguardando el proceso de instrucción en su contra, según la resolución de un juez. pic.twitter.com/H4CvKNVUKp
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 28, 2021
La DGCP negó la acusación, y sostuvo que una de sus prioridades es el cumplimiento al “derecho a la salud de la población privada de libertad. En este caso específico, los imputados fueron chequeados por personal de clínica penitenciaria desde sus ingresos, cumplimiento así con lo que manda la ley”.
De acuerdo con miembros del COFAPPES y del partido de izquierda, el juicio en contra de los ex-funcionarios es una “persecución política”; y que la administración de justicia “responde a los lineamientos del actual presidente”. El fiscal general ya ha negado esas aseveraciones, asegurando, en su lugar, que “esto es una persecusión de ladrones” que “traicionaron al pueblo salvadoreño”, ante la presunta ejecución de las acciones por las que se les somete.
Pese a ello, el exdiputado Handal reitera que “el fiscal ha montado un caso que es eminentemente político. Ya expresé yo que nosotros en el comité hemos dado, y junto con los abogados hemos vuelto a analizar el caso, y siempre llegamos a la misma conclusión: Elementos jurídicos para decretar la detención, incluso asumir que hay un delito, no existen. Por lo tanto, éste es un caso eminentemente político”.
