El cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez, aseguró que las fuerzas de seguridad del Estado no deberían reprimir las marchas pacíficas y sin armas, que se registre este domingo en marco del Día del Trabajo.
“Es derecho de la gente manifestarse pacíficamente y sin armas. Ese derecho no está suspendido que yo sepa. Espero que la gente sí salga a las calles a decir sus quejas, sus críticas, también sus esperanzas y sus propuestas”, dijo.
El líder religioso dijo que el manifestarse es un derecho que no puede ser restringido y que no ha sido limitado bajo el actual régimen de excepción que ha implementado el Gobierno.
“Espero que sí haya gente marchando (el domingo 1 de mayo), a pesar de esas amenazas que ayer se conocieron”, agregó Rosa Chávez.
El jerarca religioso hacía refería a las declaraciones del titular de Trabajo, Rolando Castro, durante una conferencia de prensa el jueves 28, cuando apuntó contra las marchas diciendo que, “de todos los puntos de partida, serán grupos que van a marchar a favor de la defensa de las pandillas en El Salvador” y añadió que “estos son grupos vinculados a los grupos criminales de este país que están queriendo desnaturalizar el día internacional de la clase trabajadora por ir a defender las pandillas en este país”.
Sobre esas mismas declaraciones también se ha referido el relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Clément Voule. “Me preocupan las denuncias de estigmatización y criminalización de las protestas planificadas por el #DíaDelTrabajo #1Mayo por parte de @TrabajoSV @RolandoCastroSv. Las autoridades deben cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la libertad de reunión durante estas protestas”, escribió Voule en su cuenta de Twitter.
El artículo 47 de la Constitución de la República establece el derecho de los trabajadores a organizarse para defender sus derechos. Además, El Salvador ha suscrito el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación que protege estos derechos.
Por su parte, varios sindicatos han reiterado que este derecho de manifestación no puede ser limitado por el Gobierno Central y ha recibido la condena de diversos sectores locales e internacionales.
