Un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la desarticulación de una estructura delictiva acusada de cometer hurtos en distintos comercios entre 2017 y 2024, afectando económicamente a los establecimientos por un monto estimado en $75,000.
De acuerdo con la FGR, la organización operaba principalmente en los departamentos de San Miguel, La Unión, Usulután, Cabañas, San Vicente, Chalatenango, Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana. Su funcionamiento se estructuraba en tres células encargadas de la vigilancia y seguimiento de los locales que serían hurtados.
Durante los robos, los implicados evitaban el uso de armas de fuego. En su lugar, empleaban a mujeres para distraer al personal de seguridad y facilitar el ingreso sin ser detectados. Posteriormente, procedían a desconectar los sistemas de alarma, afirma la Fiscalía.
El procedimiento, realizado en las primeras horas de este día en distintos sectores de Soyapango, San Pedro Perulapán, Ciudad Delgado, San Salvador, y Sonsonate, resultó en la captura de Guillermo de Jesús Arteaga Guevara, señalado como cabecilla del grupo. También fueron detenidos Dayana Verenice Rosales Guevara, Óscar Armando Quintanilla, Leonardo Castillo Salazar, Giovanni Menjívar, Henry Adalberto Grande, Rony Alexander González Reyes, Isaac Benjamín Galán González, Álvaro Antonio Molina Rodríguez y Lenny Yamileth Velasco.
Adicionalmente, fueron arrestados Álvaro Antonio Molina Rodríguez, alias “mudo hermano del monky”; Héctor Salazar Ochoa, alias “chiki”; Erick Balmore Ávalos, alias “celular”; Osmín Gómez Almendaris; y Elena Margarita Cabrera Herrera, alias “yuquera Izalco”. Otras 25 personas, ya en detención, serán notificadas por nuevos delitos relacionados con la investigación.
La fiscal asignada al caso señaló que con estas acciones se esclarecen 56 hechos delictivos, incluyendo hurto agravado, receptación, daños agravados y participación en agrupaciones ilícitas.
Durante el operativo se decomisaron 12 vehículos utilizados por la estructura, además de 28 teléfonos móviles, $16,146 en efectivo, una CPU, dos memorias USB, una caja fuerte con $15,000, una tableta, cuatro televisores, nueve torres de sonido, documentación y otros objetos que servirán como prueba en el proceso penal.
