El dedo de la justicia ha apuntado nuevamente, está vez se trata del expresidente Elías Antonio Saca quien gobernó de 2004 ““ 2009 y parte de sus exfuncionarios. Este sería el tercer exmandatario vinculado a casos de corrupción, además de perfilarse -según analista- como una “advertencia” a la clase política salvadoreña.
De acuerdo con el analista, Antonio Martínez Uribe aún es pronto para vislumbrar las implicaciones de las acciones que ha tomado la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, estima que hay intenciones de ejercer mayor contraloría y determinar quienes están a la cabeza de numerosos casos de corrupción en gobiernos anteriores.
“Una implicación clara es advertir a los políticos de partido, que esto va en serio. Se terminó la fiesta y ahora se va a empezar a ejercer control serio de esta cuestión”, acotó.
Según Uribe, el actuar de la FGR tiene que ver con el impacto que tiene la política de los Estados Unidos y recordó también que embajadores de Alemania y Estados Unidos han advertido que si no se combate la corrupción en El Salvador, obligarán a hacerlo pese a que sería violentar la soberanía.
Esto podría, desde la perspectiva de Uribe, desencadenar contradicciones en la clase política y al interior del partido oficial. Sugirió que el FMLN debe asumir responsabilidad en torno a estos casos pues sí el frente hubiera combatido la impunidad desde que empezó a gobernar a nivel local Legislativo y ahora Ejecutivo y i hubieran erradicado los vicios la situación sería diferente.
“En lugar de combatir los vicios de corrupción, el frente ha terminado contaminándose”
El analista añadió que otra de las implicaciones es que se haga política decente, considerando que el país no puede seguir con estas “corruptelas” de los políticos, aprovechándose dineros públicos para “vivir un buen vivir”.
En tanto, Paul Steiner, analista y miembro del Movimiento “Democracia Limpia”, sostiene que existe la posibilidad que a través de la Ley de Extinción de Dominio se podría rescatar algo si se determina que los bienes inmuebles provienen de esos fondos, pero si el dinero salió del país, a paraísos fiscales, difícilmente se podrá conocer su paradero.
“El problema es que hablamos de que sucedió hace más de siete años. Esos 264 millones de dólares es algo que se repartió durante todo el período de Saca. Los 166 millones cobrados en efectivos, lo más probable es que ya voló hace mucho tiempo. Habrá que hacer un seguimiento detallado a la pista de ese dinero”, apuntaló Steiner.
Asegura que la capacidad de la FGR es limitada para lograr sostener y concluir el caso de manera justa, sobre todo teniendo en cuenta la disminución de personal fiscal que tiene dicha institución desde su depuración a principios de este año y las limitaciones presupuestarias.
