Desde finales de 2019 y en lo que va del 2020 hemos visto como el COVID-19 se ha convertido en una peligrosa pandemia a nivel mundial, que ha puesto en cuarentena a miles de millones de personas, infectando a más de 4.4 millones y hasta el 15 de mayo ha provocado más de 303 mil fallecimientos en todo el mundo. En El Salvador, hasta el mediodía del 15 de mayo, se reporta un total de 1,210 personas infectadas, de las cuales 23 personas lamentablemente ya perdieron la vida.
En medio de los problemas generados por la pandemia, los consumidores de bienes y servicios enfrentamos amenazas y vulneraciones a nuestros derechos fundamentales; para el caso, el artículo 4 literal a) de la Ley de Protección al Consumidor reconoce como derecho básico de los consumidores “Ser protegido de las alzas de precios de los bienes y servicios esenciales de acuerdo a lo establecido en el literal c) del art. 58 de esta ley”, disposición que otorga a la Defensoría del Consumidor (DC) la facultad de “Fijar y modificar los precios máximos de los bienes intermedios y finales de uso o de consumo y de los servicios en caso de emergencia nacional, siempre que se trate de productos y servicios esenciales”.
El Estado de Emergencia Nacional por COVID-19 fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 14 de marzo y entre otras medidas estableció que “La Defensoría del Consumidor fijará y modificará motivadamente los precios máximos para los artículos, bienes, suministros o servicios que tengan relación directa con la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia por COVID-19, con el objeto de prevenir el acaparamiento de los mismos, para lo cual deberá implementar las acciones de vigilancia que sean necesarias y coordinar con las demás entidades del Estado para dar cumplimiento a dicha medida”.
Cumpliendo ese mandato legal la DC emitió Acuerdos de fijación del precio máximo de 19 productos básicos en sus diversas presentaciones, abarcando mascarillas, alcohol gel, maíz, arroz, frijol, huevos y leche en polvo, cebolla, tomate, papa, repollo, güisquil, ajo, guineo, naranja, plátano, aceite vegetal, margarina y manteca. No hay duda de la buena intención y el gran esfuerzo que ha significado para la DC implementar esta medida. siendo probable que en alguna medida haya contribuido a evitar abusos asociados al alza de precios en el mercado.
Al analizar la información oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que contiene informes diarios de precios de granos básicos, hortalizas y frutas, se detecta que entre el 13 de marzo de 2020 (día previo a la Emergencia) y el 14 de mayo de 2020, un total de 48 productos han mostrado incrementos entre el 3% y el 187%, de estos, 24 productos han incrementado su precio entre el 25 y el 187%, tal como se ve en la siguiente tabla (1).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En este análisis se ha detectado que 12 productos no mostraron incrementos en el mismo período y 15 productos tuvieron disminuciones de precios que van del 6% al 40%, tal como lo muestran las siguientes tablas. (2)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En estos días tristemente hemos visto imágenes dolorosas de personas sacando banderas blancas, reflejo de gritos desesperados clamando ayuda urgente con alimentos básicos en sus hogares, y vemos también una situación dominada por alzas considerables en los precios de estos productos esenciales; esto muestra el doble drama que sufre la ciudadanía, encarnada por la ausencia de alimentos básicos y el encarecimiento excesivo de los mismos.
Esta situación ha sido agravada por la rígida cuarentena impuesta por el gobierno, que ha prohibido el transporte público y restringido el transporte particular, lo que ha afectado la cadena de suministros entre productores nacionales, mercados y consumidores, lo que también ha favorecido el aparecimiento de prácticas comerciales que perjudican el interés de la población consumidora.
El país, siempre cuidando como prioridad la salud, debe en forma ordenada reiniciar la actividad económica, y para ello se requiere cambiar el énfasis policíaco-militar implementado por el gobierno frente al COVID-19 y también requiere una gran responsabilidad de todos los actores políticos y económicos del país, de manera que todos cerremos filas para evitar que la pandemia siga empeorando las condiciones de vida de muchos salvadoreños.
