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martes, 18 de mayo del 2021

Bukele veta decreto de voto en el exterior que exige “arraigo”

El mandatario vetó el decreto 795 con el cual la Asamblea Legislativa había aprobado algunos requisitos a la diáspora, para que pudieran entrar en contienda para las elecciones de diputados y alcaldes o las presidenciales, por atentar el derecho a la igualdad

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El presidente de la República, Nayib Bukele, consideró inconstitucional "el arraigo" que puedan tener  de los salvadoreños en el exterior, para poder participar en actividades de elección popular, tal como exige el decreto legislativo, por presuntamente atentar el derecho de igualdad.

Para ello, el mandatario vetó el decreto 795 con el cual la Asamblea Legislativa había aprobado algunos requisitos a la diáspora, para que pudieran entrar en contienda para las elecciones de diputados y alcaldes o las presidenciales.

Bukele argumentó, que es inconstitucional porque viola el derecho al sufragio pasivo y el derecho a la igualdad.

“Tales criterios resultan excluyentes para salvadoreños residentes en el exterior que no logren comprobar ninguno de ellos, cuando en realidad ninguno de tales criterios alude a aspectos sustanciales para el ejercicio de dicho decreto”, alude Bukele.

En el decreto legislativo los parlamentarios colocaron varios requisitos para salvadoreños que viven en el exterior que deseen postularse a cargos públicos como alcaldes, diputados o presidente de la República.

Además de todos los que el Tribunal Supremo Electoral pide a los interesados, para los connacionales que viven fuera del país, se agrega demostrar “que su padre, madre, cónyuge o hijos menores de edad residen en el municipio y son dependientes del postulante, anexando copia de los Documentos Únicos de Identidad de cualquiera de los primeros tres, o copia de las certificaciones de partidas de nacimiento de cualquier de sus hijos”.

También se exige que demuestre que posee bienes en ese municipio, anexando certificación extractada emitida por el Centro Nacional de Registros o fotocopia certificada del testimonio de escritura pública respectiva, o solvencia de pago de impuesto y tasas municipales del bien inmueble registrado a su nombre, expedida en el año en el que solicita la inscripción de su candidatura, entre otros requisitos.

Lo anterior se dio porque la Asamblea tenía pendiente cumplir con una resolución de la Sala de lo Constitucional que le mandató a legislar para que los salvadoreños que residen en el extranjero participen como candidatos en elecciones.

El 23 de diciembre de 2016 el tribunal constitucional resolvió que es meritorio el voto de los compatriotas que viven en el exterior y que participen como candidatos en los procesos electorales, por lo que era necesario hacer los cambios a la normativa vigente para posibilitar el ejercicio al derecho pasivo al sufragio.

Bukele menciona que la sentencia de la Sala referente al tema explica que se estableció que los requisitos para que los connacionales se inscriban como candidatos deben ser “razonables habida cuenta de su particular circunstancia que los coloca en un plano diferente con los salvadoreños residentes en el país, pero, por otro lado, que no restrinjan de forma indebida el ejercicio de dicho derecho”.

El diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, explicó que al gobierno “no le interesa el arraigo, por una única y sencilla razón, que es electoral, ellos pueden mover desde afuera hacia otros municipios específicos que pueden cargar cierta cantidad de votantes, porque no necesitan demostrar arraigo”.

Al respecto, en el veto, la Presidencia argumenta que “existen grupos de salvadoreños residentes en el exterior que no cumplirán con dichos criterios, ya sea porque emigraron con todo su grupo familiar, o nacieron en territorio extranjero”.

Actualmente, para la inscripción, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exige documentación de identificación personal, acta de escrutinio de elección interna partidaria, solvencias tributarias, municipales, finiquito de la Corte de Cuentas, declaración jurada de patrimonio y de no tener inhabilidades de la Constitución, como por ejemplo ser contratista del Estado.

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