Por: Alessia Genoves
El aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia son temas que han quedado excluidos en el Proyecto de Reformas Constitucionales. La ausencia de éstas garantías de derecho ha sido reafirmada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tan sólo un día después de haber recibido el documento de la Comisión Ad Hoc, en la que participaron, entre otros sectores sociales, organizaciones de mujeres, personas LGBT y representantes de grupos originarios; que, sin embargo, rechazan las propuestas.
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Mientras el presidente definía la reforma como una “deuda histórica” para “sentar las bases necesarias para construir el país que nuestra gente merece”, refería que las tentativas del abordaje del aborto, el matrimonio y de la eutanasia eran “rumores y una campaña sucia” de la oposición.
“He decidido, para que no quede NINGUNA DUDA, NO PROPONER NINGÚN TIPO DE REFORMA a NINGÚN ARTÍCULO que tenga que ver con el DERECHO A LA VIDA (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, UN HOMBRE Y UNA MUJER) o con la eutanasia”, expuso, desde sus redes sociales.
El Conflicto Gobierno – Organizaciones
Las afirmaciones del presidente han sido confirmadas por ContraPunto. Pese a ello, el proyecto de propuestas sigue siendo definido como progresista, al tener en cuenta derechos reivindicativos como el de la identidad y el cambio de nombre de personas trans; el derecho humano al agua como un bien público del Estado; el derecho a la identidad y a la auto-determinación de los pueblos originarios, reivindicaciones laborales, entre otras cosas.
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Pero hasta las propuestas temáticas progresistas han sido negadas, con la propuesta final en su conjunto, en última instancia, por una docena de organizaciones de mujeres, y minorías, participantes en el estudio de comisiones. Su rechazo responde a que la propuesta debe ser presentada por “diez asambleístas” y no por el presidente (art. 228 Cn); y a que “no formó parte de la oferta electoral” por lo que el pueblo “no votó por ellas”.
“Nos colocamos, las demandas de nuestros sectores. Pero, evidentemente es hasta ahora que ustedes se dan cuenta, porque nosotros no ibamos a ser banderas, desde el poder, para legitimar el proceso. Creemos que vale la pena hacer la discusión, pero no estamos legitimando el proceso”, indicó a la prensa la representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Milagro Alvarado.
El presidente sentó postura al respecto, y reconoció sus limitaciones, expresando que “aunque yo no participé en la creación de este proyecto de reforma constitucional, ahora que ya está en mis manos, me toca revisarlo, consultarlo y modificarlo, antes de enviarlo a los diputados para su estudio”, dijo.
Reformas Progresistas y Limitaciones
Las nuevas propuestas forman parte de un compendio de 274 artículos constitucionales, en el documento final del Estudio de Reformas de la Constitución de la República, que fue publicado el pasado miércoles 11 de agosto. Resume, además, un total de 5,016 propuestas de salvadoreños, entre ellos connacionales, de 25 países del mundo; e incorpora, entre otras cosas, 7 nuevos artículos, sustituye otros 8 y deroga, además, 18 de la norma anterior.
“En la propuesta de reforma, contiene el por qué de la propuesta de su reforma. Contiene, también, la matiz general en dónde se hace el equilibrio entre la redacción general entre la propuesta y las conclusiones, y el libro de actas correspondientes”, indicó el abogado de la comisión, Adolfo Muñóz.
Las iniciativas siguen siendo calificadas como “progresistas” por el propio partido de oficial, al reforzar, además, el reconocimiento histórico a los derechos de los pueblos indígenas (art. 64), la ampliación jurídica del derecho al agua como un recurso público (art. 55) y el fortalecimiento de los derechos de las personas gestantes (art. 1). Sobre éste último, sin embargo, la nueva propuesta advierte la posibilidad de “colisión de derecho”entre los de las personas “no nacidas”
Respecto a la última propuesta mencionada, sin embargo, el presidente negó retomar “ningún articulo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de su concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, (un hombre y una mujer) o con la eutanasia”. Es decir, que los artículos referidos a dichos temas quedarán tal y como se abordaban en la Constitución de la República de 1983.
Otras Promesas
Al cierre de su misiva oficial, el presidente indicó que incorporará, al proyecto de reformas, otras propuestas más amplias, que garanticen, entre otras cosas, oportunidades democráticas como “la participación de la población en la toma de decisiones”, con el propósito de que les dé “verdaderos espacios políticos”, según detalló.
Pese a sus declaradas intenciones por la contribución por la democracia y por la participación política, la docena de organizaciones de mujeres que expresaron ayer su rechazo por el proyecto, reafirmaron también su postura al cuestionar, entre otras cosas, la idoneidad de procesos, la de los proponentes del ejecutivo y de los votantes del legislativo.
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Los motivos también responden, según detallan, a la destitución de cinco de los entonces magistrados de al Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, el pasado 1 de mayo, durante la primera plenaria de la Asamblea Legislativa 2021-2024.
El sucesivo archivado de propuestas de ley “sin discusión ni análisis” de múltiples organizaciones sociales, desde las comisiones legislativas de la nueva Asamblea, también es juzgado de que el partido oficial, Nuevas Ideas, representado por sus legisladores, “ha desconocido el trabajo y las iniciativas ciudadanas”.
Pese a ello, el presidente insiste en que los cambios de las propuestas constitucionales garanticen bienes como los del “derecho al agua, al aire limpio, a la educación de calidad, a la salud (por muy caro que sea el tratamiento), a la vivienda, al acceso a internet”, así como a la “inclusión financiera, a créditos sin usura, a la seguridad, a la alimentación a un salario justo y a una pensión digna”
Además, refirió que las nuevas propuestas deben “intervenir en la salud, educación, acceso a la tecnología”; y que debe ser garante de la protección, sanidad y restauración ambiental, entre otras cosas.
