El presidente Nayib Bukele denunció que los partidos políticos han sido grandes financistas del crimen en El Salvador y añadió que, como parte de su plan para mejorar la Seguridad Pública, espera poder atacar la delincuencia desde el origen de ese flujo de dinero.
Además, el mandatario habló sobre otras acciones que tiene previsto ejecutar para intentar mejorar la situación de la seguridad ciudadana.
Investigaciones que publicaron El Faro y la Revista Factum revelaron que ARENA y el FMLN hicieron negociaciones en directo con pandilleros para ver cómo estos grupos criminales podían ayudarles a conseguir beneficios electorales.
“Los financistas (del crimen) han sido los mismos partidos políticos. Tienen hasta videos de partidos políticos ofreciendo hasta US$10 millones a pandilleros y, ¿quién ha ido contra ellos? Ahora hasta compiten para secretarios generales en los partidos”, recriminó Bukele.
Esta última referencia es clara para el FMLN. Según el material que publicaron en esas investigaciones periodísticas, Arístides Valencia, exdiputado del FMLN, ofreció una supuesta línea de crédito a un grupo de pandilleros para que le ayudaran al partido de izquierda a ganar en segunda vuelta de las elecciones de 2014, cuando Salvador Sánchez se enfrentó al arenero Norman Quijano. Fue Sánchez quien ganó la elección y Valencia fue designado como ministro de Gobernación para ese período. En mayo de este año se apartó de su cargo en Gobernación para entrar a la contienda por el cargo de secretario general en el FMLN.
En su segunda semana de gestión, Bukele comunicó al público que tenía información, proveniente de las tres agencias que hacen labor de inteligencia para el Estado, en cuanto a que dos altos funcionarios del FMLN estaban pagándole a las pandillas para que ordenaran crímenes contra policías, militares y otros agentes relacionados, con el propósito de desestabilizar al Gobierno actual. El 11 de junio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, presentó un anuncio a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se haga una investigación con esto que Bukele había revelado.
“Mientras no se ataque a los que están arriba, financiando todos estos crímenes, no vamos a pararlo”, señaló Bukele. “Es probable que tengamos sorpresas en las próximas semanas”, agregó, además, el mandatario.
El objetivo final es atacar el origen del flujo de dinero que reciben los grupos criminales. En este sentido, están apoyándose con organismos de cooperación internacional poder atacar también los activos que estas organizaciones que actúan al margen de la ley no tengan fuentes de recursos.
No más cash en las cárceles
Los otros anuncios que hizo Bukele sobre su propuesta en materia de Seguridad Pública incluye digitalizar los métodos de pago en los centros penitenciarios, para que los presos ya no usen dinero en efectivo.
“Lo que queremos es que el dinero en efectivo no tenga ningún valor en los centros penales”, insistió Bukele. Ni siquiera en las tiendas, por ejemplo.
También van a depurar a los custodios, para combatir la corrupción en todos los niveles.
Otro problema que aseguró el presidente que tiene pensado combatir es el bloqueo de la señal de los teléfonos móviles alrededor de los centros penales. En realidad, este ha sido un tira y encoge entre el Gobierno y las operadoras de telefonía durante varios años.
El 80 % de los homicidios y extorsiones se ordenan desde el interior de un centro penitenciario, según información del Gobierno. Esta proporción ha variado poco o nada desde el auge de la telefonía móvil. Por más que se han firmado acuerdos y se han hecho conferencias, de alguna manera, la señal permanece. “Ese sistema de bloqueo de señal se viola todos los días”, denunció el mandatario. Además, de que la señal se mantiene activa, también detalló que han encontrado antenas especiales en los sitios aledaños.
Bukele sostuvo que tienen planes para bloquearla de una vez. “Las compañías telefónicas no están haciendo su labor real de controlar, como se habían comprometido con el Gobierno anterior, de controlar que no haya señal, o que se bloquee la señal (de teléfono) en los centros penales”, enfatizó. Aseguró que ha girado a la autoridad gubernamental que supervisa a la industria, SIGET, para “que los obligue a cumplir con su responsabilidad”.
Entre otras medidas, mencionó que apostarán por recuperar el control en los centros urbanos de municipios peligrosos como Mejicanos, Apopa, Santa Tecla, Soyapango, que son lugares desde donde los criminales también obtienen dinero con diversos ilícitos.
En otros temas, pedirá un refuerzo presupuestario de US$15 millones a la Asamblea Legislativa para que los policías y los militares puedan cambiar el régimen de alimentación, que dispongan de combustible y que además compren municiones para las armas. Se esperan donaciones de US$1 millón en medicamentos para los que se dedican a tareas de Seguridad Pública y de varios cientos de patrullas.
Todos estos anuncios los dio cuando juramentó a Osiris Luna como viceministro de Seguridad Pública con funciones de dirección de Centros Penales sin cobrar por ello, o ad honorem. De esta manera, se supone que en el Gobierno esperan resolver el limbo legal en el que había quedado Luna.
En un principio, Bukele lo designó como director de Centros Penales, pero para ejercer ese cargo, Luna tenía que renunciar a su diputación en la Asamblea Legislativa por mandato constitucional. Los diputados recibieron la renuncia de Luna la semana pasada, y apenas la habían enviado a la Comisión Política para estudiarla, siempre según mandato constitucional (artículo 131). Luna, quien es diputado de GANA (el vehículo electoral con el que Bukele llegó al poder en el Ejecutivo), con este nombramiento, ya no necesita que sus colegas diputados le acepten la renuncia. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, expresó esta mañana que pronto resolverán el permiso que requiere Luna para dedicarse por completo al nuevo cargo de viceministro para el que fue juramentado por Bukele.
