Representantes de las víctimas de la masacre de El Mozote, cometida por el Ejército de El Salvador en 1981, denunciaron este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que un bloqueo al acceso de archivos militares está causando una obstaculización de la justicia en este caso.
La CorteIDH escuchó este jueves a las partes en una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia que emitió contra el Estado salvadoreño en el año 2012.
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Camilar Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo la de El Mozote es "una de las masacres más grandes de la historia contemporánea en Latinoamérica y que permanece en la más absoluta impunidad".
Ormar señaló que el Estado tiene "grandes deudas en el cumplimiento de las medidas de reparación" y que una de las más importantes es la de investigar y sancionar a los responsables de la masacre.
La abogada afirmó que existe una "negativa de las Fuerzas Armadas para la inspección de archivos militares respaldada por el presidente" del país, Nayib Bukele.
El juez de la causa ordenó el pasado 4 de noviembre a la Fiscalía que se indague si la obstaculización era constitutiva de delito y si se sustrajeron archivos, pero hasta el momento no ha habido diligencia alguna, afirmó Ormar.
Ormar pidió a la Corte Interamericana que ordene al Estado que se lleve a cabo una investigación amplia mediante un procedimiento para el acceso a los archivos militares y un "estudio exhaustivo" de estos para garantizar que se preserven, especialmente los relacionados al conflicto armado interno, época en que ocurrió la masacre de El Mozote.
Los representantes de las víctimas también solicitaron que se fortalezca el juzgado a cargo del caso, pues en la actualidad tiene una elevada carga de trabajo con diversos casos.
Por su parte, la representación del Estado, encabezada por la directora de Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la Cancillería, Gloria Martínez, expuso sobre una serie de proyectos de infraestructura desarrollados en El Mozote y lugares aledaños, así como el proceso para la identificación de víctimas, como parte del cumplimiento de la sentencia.
Sobre el asunto de los archivos militares, la representación estatal dijo que hay voluntad de colaborar y que se ha actuado con base en la Constitución y las leyes salvadoreñas que ordenan proteger bienes jurídicos para la defensa nacional y la seguridad del Estado.
Según Cejil, la apertura de los archivos militares antiguos como los de este caso, no afectan en nada la seguridad del Estado.
El juez a cargo del caso, Jorge Guzmán, dijo que ante la ausencia de una ley de justicia transicional en El Salvador, decidió llevar adelante el caso con las herramientas que tiene a disposición, y aseguró que la información militar que ha recibido del Ministerio de Defensa no es cualitativa para el avance del caso.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras 39 años de ocurridos los hechos, el caso permanece en la impunidad y tras más de 4 años de haber sido reabierto a lo interno en El Salvador ha habido pocos avances y el proceso apenas se encuentra en fase de instrucción.
La Corte Interamericana dictó sentencia por este caso en el año 2012 y estableció la responsabilidad del Estado por la masacre de al menos 440 personas, muchas de ellas niños, a manos de la Fuerza Armada.
Organizaciones defensoras de derechos humanos elevan la cifra de víctimas a unas mil.
Denuncian intento de la FGR de separar al juez Guzmán del caso de El Mozote
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Por otra parte, la representación legal de las víctimas de la masacre de El Mozote, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado la recusación de Jorge Guzmán Urquilla, juez del caso, "con el propósito de separarlo del conocimiento de este proceso".
Según comunicó Cristosal, los argumentos de la FGR para esta separación del juez de la causa poseen "inconsistencias de legalidad y contradicciones" y señalan que además apuntan a una pretensión de cuestionar las actuaciones del Tribunal sin argumentos objetivos.
"Llama la atención que la petición fiscal ha sido presentada cuando la causa judicial de El Mozote se encuentra en un estado avanzado en su instrucción y estaría cercana al momento de una eventual elevación a la etapa de debate de pruebas, conocida como la etapa de juicio y que culminará en una sentencia definitiva", se lee en el comunicado publicado por la organización.
Por lo anterior, Cristosal insta a la FGR y a su titular, Raúl Melara a "abstenerse de perjudicar el avance del proceso judicial en el caso a través de una tentativa de separar al juez natural y competente que ha conducido la instrucción el proceso desde su reapertura en 2016 y que ha desarrollado una participación proactiva y en consulta con las víctimas.
David Morales, coordinador de Justicia Transicional de Cristosal, dijo que desconoce cuál fue el motivo de la FGR de tomar esta decisión y que es una acción que perjudica el avance hasta su cierre de la instrucción y que afecta gravemente la búsqueda de justicia.
"Si no es entendible y justificado desde el punto de vista jurídico, evidentemente debemos pensar en que pueden haber intereses políticos de favorecer con impunidad a los responsables de la masacre", aseguró Morales.
