El 11 del corriente, el señor Bukele anunció que dará a conocer al equipo de transición que trabajarán con su par oficial.
El anuncio lo hace luego de dedicar las últimas semanas a reunirse con diplomáticos extranjeros.
Sin embargo a la fecha como futuros gobernados, desconocemos quienes asumirán las diferentes carteras, lo que supone un limbo por la orientación económica que tendrá su gestión.
Claramente las reuniones que tuvo en días pasados suponen un esfuerzo por fortalecer las relaciones con EU, no porque ningún desencuentro con la actual administración haya tenido lugar sino por lo vitales para su gestión, enfriando a su ves los convenios que ya se adelantaron con China continental, que califica de "oscuros", o de "…tratos bajo la mesa…", pues según él, no consideraron a la empresa privada.
El hecho es que los convenios con Taiwán sólo beneficiaron a los sectores pudientes, mientras que los que se acordaron con EU, las cifras lo evidencian, favorecieron a los mismos, pero además significó como mal añadido, la cesión irrestricta de soberanía en favor de éste (por el CAFTA, los ALC, la moneda que se contrató, etcétera), mientras que los convenios para con China suponían no sólo la creación de miles de nuevos empleos, de calidad según rezan los acuerdos, además de transferencia de tecnologías, como inversiones que implicaría la diversificación productiva que el crecimiento sostenido que nuestra economía generó en la última década, aunada al modelo educativo que se procuró desarrollar, permitiría.
Ahora en cambio podemos apreciar signos que indican el giro de su administración hacia el conservadurismo crudo.
La reciente solicitud de desviar parte de los fondos para la reconstrucción del edificio del congreso a la construcción de nuevas escuelas, si bien loable, fue ademas una medición de fuerzas para saber con ¡cuántos elementos legislativos cuenta en su favor!, y como vimos pasó de un par de legisladores, a algo más de dos docenas, incluidos miembros de la derecha dura.
Los mismos favorecen la moción de recuperar una versión ligth de la amnistía derogada por la anterior sala de lo constitucional, asegurando la impunidad de los responsables de miles de muertes, desapariciones, torturas, etcétera, que durante el conflicto armado cometieron y que fuera presentada recientemente por quien abogaba en aquel momento, favoreciendo, encubriendo y hasta eliminando pruebas que acusaran a los agentes que desde el estado, ejecutaron tales atrocidades.
Ello a pesar de la indignación manifiesta de sobrevivientes y víctimas de los tales, como por parte de entidades nacionales e internacionales, incluida la alta comisionada de DDHH por la ONU, Michelle Bachelet, de impedir que lo logren.
Todo ello a la vez que rechazan de tajo cualquier reforma a temas tales como el fiscal, pensiones, seguridad, etcétera.
El rechazo a convenios ventajosos para el país, como la conservación del modelo negándose al abordaje objetivo de temas sensibles, evidencia compromisos oscuros bajo la mesa para conservar el statu quo originario, constatando a su vez que se privilegiará a los de siempre, mientras el soberano, sorteará su propia decisión.
