Redacción ContraPunto
Medio millón de dólares estadounidenses (USD) se deducen de un presunto desvío de fondos públicos, desde la administración de la Asociación Yo Cambio (Asocambio), de acuerdo con pruebas contables adquiridas por la Fiscalía General de la República (FGR). Los datos se ventilan ante el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, en donde se ventilas las acusaciones de “peculado, actos arbitrarios y cohecho impropio”, en contra de 8 de los representantes, entre los que se enumera el titular del Minsiterio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Mauricio Ramírez Landaverde.
21 son las personas involucradas en otros hechos de corrupción, de los que se acumularía una cifra aproximada de $14,7 millones USD. La FGR señala que el origen de los fondos es público; pero que se añadirían otros generados de una tentativa por “regularizar el trabajo informal”, que se desarrollaba al interior de las tiendas penitenciarias, para “generar reportes confiables de los estados contables”.
Asocambio y corrupción
Asocambio tenía 8 años de funciones activa, tras ser formalmente instituida el 28 de agosto del año 2011, fecha en la que se ratificó el acuerdo en la publicación del Diario Oficial. Ramírez Landaverde, representante del MJSP, presidía la institución; mientras que las funciones secundarias se distribuían desde el “ex-viceministro, Raúl Antonio López ,como vicepresidente; Marco Tulio Lima, como secretario; José Roberto Nóchez, como síndico; Flor de María Hernández, como tesorera; Luis Alonso Barrera Peñate, como primer vocal; y Orlando Elias Molina Ríos, subdirector de centros penales como segundo vocal”.
De acuerdo con las declaraciones de Landaverde, la instalación de la tiendas buscaba ser una respuesta al “mal uso de los recursos y que la definición del carácter público o privado de los ingresos” y a “la informalidad y desprotección de los trabajadores, que carecían de un contrato laboral formal y de toda seguridad social, ya que no cotizaban al ISSS ni a las AFP’s”
Landaverde añade que la constitución de la organización Asocambio “permitiría seguir contando con recursos vitales para la DGCP”, entre ellos, con el “mantenimiento de las Clínicas Medico-Odontológicas”. El ex-funcionario justifica que las medidas empleadas respondían a que “en el presupuesto ordinario no se cuenta con recursos para ello”, hasta el año 2019. Entre otros recursos a pagar, añade que los ingresos también eran distribuidos en la planilla laboral de “una dirección colegiada y administración profesional”.
Sin embargo, las declaraciones de Landaverde no fueron suficientes para el proceso penal que se comenzó a ventilar en su contra, desde el pasado 27 de junio del año 2019. Para esa fecha, el nuevo titular de la DGCP, Osiris Luna Meza, entregó una serie de documentos a la FGR, para exigir “que se indague el uso de los fondos”, que fueron administrados por Asocambio, durante sus operaciones.
Medio millón de fondos públicos
Un medio millón dólares que se deducen de las investigaciones presentadas ante el Juzgado 2º de Instrucción, responden a un caso aparte. Inicialmente, la misma pericia financiera se ventiló en la institución, desde el pasado mes de junio del año 2022. No obstante, el informe concluyente fue presentado éste miércoles; y abastece el compilado de las pruebas periciales que se ventilan en la fase de instrucción.
Tal y como lo detalló la representación fiscal, “se presentó pericia contable financiera del caso #ASOCAMBIO con la que se busca demostrar el uso que se le dio a más de medio millón de dólares de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio, entre el 2018 y 2019”. Cabe señalar que, a través de un comunicado, Landaverde aseguró que en período descrito por la FGR no pertenecería a Asocambio.
A la acusación, Landaverde sostuvo que la organización se formalizaba a partir de la Ley de Asociaciones sin Fines de Lucro; y alegó que “no hay ningún reparto de utilidades, absolutamente todos los ingresos de la operación de Tiendas Institucionales son destinados”. Entretanto, durante la fase de sentencia, es acusado de la comisión de delitos como “actos arbitrarios y cómplice no necesario de peculado”.
