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ASOCAMBIO: juicio contra Ramírez Landaverde y supuesta corrupción de $14,7 millones

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ASOMCAMBIO: Detención provisional exigen contra Mauricio Ramírez Landaverde, ex-titular del MJSP. Son mimptados otros 20 sujetos, por supuestas irregularidades en $24,7 millones de erario público.

Por Alessia Genoves


$14.7 millones de dólares es la cantidad aproximada que la Asociación Yo Cambio habría malversado de fondos públicos. La acusación es sostenida por la Fiscalía General de la República (FGR); y sostiene cargos en contra de 21 personas servidores públicos, entre ellos contra el ex-titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), ingeniero Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde.

Landaverde fue requerido por el Ministerio Público en septiembre de 2021. Durante el proceso, aseguró que su asistencia presencial fue de “forma voluntaria”, confiando en tener las pruebas de descarga necesarias, para responder a las imputaciones. Sin embargo, las investigaciones en su contra iniciaron desde junio de 2019, fecha desde que el titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Osiris Luna Meza, entregó un paquete de documentación, como material de prueba, para incriminarle.

Sin embargo, el acusado alega su inocencia. Desde 2019, según lo indica, tuvieron operación 21 de las tiendas de Asocambio, una tentativa para “regularizar” el trabajo informal que se desarrollaba en dichas instalaciones; y generar y reportes confiables de los estados contables. Ramírez asegura queno hay ningún reparto de utilidades”, ya que la institución operaría bajo la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucro

Hechos

Asocambio inició sus operaciones desde el año 2019. Al menos 21 de sus instalaciones operaban al interior de los recintos penitenciarios, hasta los meses posteriores. De acuerdo con las declaraciones de Landaverde, la instalación de la tiendas buscaba ser una respuesta al “mal uso de los recursos y que la definición del carácter público o privado de los ingresos” y a “la informalidad y desprotección de los trabajadores, que carecían de un contrato laboral formal y de toda seguridad social, ya que no cotizaban al ISSS ni a las AFP’s”

Landaverde añade que la constitución de la organización Asocambiopermitiríaa seguir contando con recursos vitales para la DGCP”, entre ellos, con el “mantenimiento de las Clínicas Medico-Odontológicas”. El ex-funcionario justifica que las medidas empleadas respondían a que en el presupuesto ordinario no se cuenta con recursos para ello”, hasta el año 2019. Entre otros recursos a pagar, añade que los ingresos también eran distribuidos en la planilla laboral de “una dirección colegiada y administración profesional”.

Sin embargo, las declaraciones de Landaverde no fueron suficientes para el proceso penal que se comenzó a ventilar en su contra, desde el pasado 27 de junio del año 2019. Para esa fecha, el nuevo titular de la DGCP, Osiris Luna Meza, entregó una serie de documentos a la FGR, para exigir “que se indague el uso de los fondos”, que fueron administrados por Asocambio, durante sus operaciones.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló en ese momento que “el dinero recogido en las tiendas de Asocambio no estaba destinado para Centros Penales sino que iba directamente a esta ONG”. La acusación fue respaldada por Luna Meza, quien añadió que en las tiendas “tenían una caja chica de 10 mil dólares en Asocambio, bonos, plazas fantasmas, vehículos del año y 22 cuentas bancarias…”

Sin embargo, a la acusación, Landaverde sostuvo que la organización se formalizaba a partir de la Ley de Asociaciones sin Fines de Lucro,; y alegó que “no hay ningún reparto de utilidades, absolutamente todos los ingresos de la operación de Tiendas Institucionales son destinados”

Los señalamientos implican a 21 imputados, pero Landaverde es el principal. El ingeniero automotriz, y administrador de empresas, expresó su confianza en el proceso penal en su contra: “Tengo un compromiso con la Justicia y la Legalidad, el cual he demostrado en mis 27 años de servicio público en el área de seguridad, confiando en que hemos luchado por construir un sistema de justicia independiente y absolutamente consciente de que he actuado con rectitud, dentro de la legalidad, con el único propósito de resolver un grave problema para la institución y el país”, aseguró.

Proceso

Landaverde fue requerido por la FGR, desde el pasado 12 de septiembre de 2021. Dos días posteriores, las autoridades del Centro Judicial Isidro Menéndez celebraron su audiencia inicial, en la que el Ministerio Público tramitó documentos de cargo en contra de 21 personas involucradas, en delitos como “actos arbitrarios, peculado, falsedad material y cohecho impropio”.

Un hecho que contrasta entre las declaraciones de Landaverde y el proceso en la audiencia inicial, es el período en el que Asocambio ejercía sus funciones en la administración penal. De acuerdo con el imputado, la institución habría comenzado a operar desde el año 2019; mientras que la FGR sostiene que la misma habría iniciado sus operaciones desde el año 2018, hasta el año 2019,

Lo que se va a demostrar aquí es la mala utilización, o la errónea utilización de los fondos utilizados de las tiendas institucionales, por parte del imputado Ramírez Landaverde; y un resto de personas que decidieron sin coacción alguna formar Asocambio”, indicó la representación fiscal, desvirtuando las declaraciones de Landaverde.

La FGR sostiene que, en sus elementos de prueba, se cuenta con un registro de la extracción de $14 millones de dólares, de 21 tiendas institucionales que los familiares de los presidiarios depositaban para que sus parientes pudieran hacer sus compras en los centros penales.

Sin embargo, el proceso en el Juzgado Sexto de paz de San Salvador se prologó, hasta resolver medidas alternas a la detenciones, en favor de los 21 imputados del caso Asocambio. En su resolución, el arbitro de justicia estableció sanciones como “pagar una fianza de US$10 mil, no salir del país, no cambiarse de domicilio ni tener contacto con los funcionarios de Centros Penales, y presentarse a firmar al juzgado”.

Hasta el pasado 3 de diciembre, la FGR incurrió en una contestación a 7 recursos de revocatorio, interpuestos por imputados y por la defensa particular, respecto a la resolución emitida por la Cámara Tercera de lo Penal, de la Primera Sección del Centro de San Salvador.

La resolución es impugnada por los imputados, en el sentido de que en dicha resolución se revoca la decisión, del Juzgado Sexto de Paz de San Salvador; en el sentido que revoca las medidas sustitutivas a la detención provisional dadas; en su lugar, se decreta la medida administrativa para la detención excepcional”, contestó en su momento a la prensa, la representación fiscal.

El proceso llegó a al etapa de instrucción, el pasado 5 de julio, en le Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, En la audiencia inicial del proceso, fue requerido Landaverde, para rendir declaraciones sobre el el proceso que se ventila en su contra, con acusaciones concretas de “actos arbitrarios y de cómplice necesario de peculado”.

La representación fiscal, por su parte, reiteró las acusaciones en contra de Landaverde, y los otros 20 implicados. También rechazó las declaraciones expresadas por el incoado. Sostiene, al mismo tiempo, que cuento con los elementos “de carácter pericial, documental y testimonial”, que robustecen las acusaciones. Añadió que “con dichos elementos, se ha sustentado que la medida más adecuada e idónea, para que él se someta al presente proceso, es la medida de la detención provisional”:

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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