La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordó este lunes que estudiará una iniciativa para reformar el inciso final del artículo 240 de la Constitución de la República, para incrementar a 20 años el tiempo para iniciar procesos de juicio por enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios y empleados públicos.
Actualmente, la Constitución establece que los juicios por enriquecimiento sin causa justa pueden investigarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho incremento del patrimonio.
La moción conocida este lunes por la comisión, busca adoptar medidas que permitan investigar y judicializar por más tiempo casos en los que funcionarios o exfuncionarios, empleados o exempleados públicos que sin causa razonable se apropiaron indebidamente de bienes del Estado; lo anterior con el propósito de erradicar prácticas de incremento patrimonial de funcionarios, mientras permanecen en el cargo.
La iniciativa es promovida por diputados de los grupos parlamentarios ARENA, PCN y PDC. Como parte del dominado “Paquete Anticorrupción”.
La propuesta presentada por el bloque de derecha, es también impulsada por su candidato presidencial, Carlos Calleja, y se da en momentos en los que El Salvador logró por primera vez en su historia democrática, la condena de un expresidente por corrupto: Elías Antonio Saca, el último expresidente abanderado por el partido ARENA, y quien fue condenado a 10 años de cárcel por peculado y Lavado de dinero.