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lunes, 17 de mayo del 2021

Asamblea en desacato por no aprobar ley de reconciliación

Diputados pidieron prórroga a la Sala de lo Constitucional durante sesión extraordinaria el martes, pero cometieron un error. No especificaron en el escrito cuánto tiempo necesitan.

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Tal como se esperaba, la Asamblea Legislativa cometió desobediencia al no cumplir el último plazo “improrrogable” que les había dado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para aprobar el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional.

En el 2016, la Sala de lo Constitucional declaró violatoria de la Carta Magna la Ley de Amnistía General de 1993; y en la sentencia estableció que la Asamblea debía crear una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); René Portillo Cuadra, reconoció que no hay vuelta atrás y lo único que queda es esperar a que la Sala de lo Constitucional responda a la solicitud de prórroga que pidieron.

Pero cometieron un error. En la solicitud enviada a la secretaría de la Sala e lo Constitucional el pasado martes, no especificaron cuánto tiempo necesitan para salir del lío en que se han metido.

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Mario Ponce, propuso en la Comisión Política un plazo de 5 meses, pero solo obtuvo 30 votos en el pleno. Luego el diputado Jorge Mazariego, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sugirió un mes; pero solo obtuvo 8 votos.

Fue el diputado Cuadra quien propuso enviar la nota a la Sala de lo Constitucional pero sin poner tiempo de prórroga. ¡Error! Tenían que haber establecido el tiempo y hoy están supeditados a lo que la Sala responda.

Por si fuera poco, el no haber cumplido con la sentencia del tribunal constitucional puede tener consecuencias para el Estado salvadoreño, ya que puede haber un pronunciamiento de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e incluso incurrir en una sanción para el Estado.

Ponce trató de  mantener una posición conciliatoria con ARENA y el FMLN que tienen diferencias radicales. A esto hay que sumar que las dirigencias de areneros y efemelenistas tienen un nivel de influencia que complica más el trabajo legislativo.

ARENA, PCN y PDC presentaron su propuesta que, a juicio del FMLN, Cambio Democrático (CD) y las organizaciones sociales, no cumple con los parámetros exigidos por la Sala de lo Constitucional.

El presidente de la Asamblea, les dijo a ambos partidos que el tema tiene un impacto nacional e internacional, porque están en juego los derechos humanos y las familias de las víctimas que claman justicia.


“La Comisión Política debe buscar un consenso y no limitarse a una aritmética (la ley se puede aprobar con 43 votos). Ponce aspira que la aprobación de la ley sea por unanimidad, para enviar un mensaje de unidad en un Órgano de Estado en donde lo que menos existe es eso.

La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro- Memoria Histórica, cuestionaron que la Asamblea Legislativa intentó aprobar una “amnistía disfrazada", para bloquear la justicia y beneficiar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado (1979-1992).

El 28 de mayo pasado, el Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional para pedir una prórroga para la aprobación de una nueva ley de reconciliación en la Asamblea Legislativa. La propuesta es la de ampliar el tiempo  hasta el 13 de diciembre, pero hasta la fecha, el tribunal constitucional no ha respondido.

La Sala emitió una resolución en julio de 2018 obligando a la Asamblea a elaborar una ley que repare el daño a las víctimas de la guerra.

Y le dio un año a la Asamblea, hasta el 13 de julio de 2019 para que lo hiciera, sin embargo, los diputados no cumplieron el mandato. Entonces los magistrados les otorgaron cuatro meses más, periodo que venció el 13 de noviembre.

Los parlamentarios están en un punto muerto. Es como que no hubieran hecho absolutamente nada en casi tres años. Si la Sala les da la prórroga comienzan de cero y todo apunta, por las opiniones de areneros y efemelenistas, que no lograrán ponerse de acuerdo, para eso les den cualquier tiempo.

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