La Asamblea Legislativa comienza el año con varios temas en agenda que debe resolver antes que los diferentes grupos parlamentarios entren de lleno al período preelectoral y que en alguna medida merma el trabajo en este Órgano de Estado.
Mario Ponce, presidente de la Asamblea, tiene claro el panorama y por eso aseguró que es importante darle prioridad a los temas de interés social.
La Ley de Reconciliación Nacional es uno de los primeros, dado que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), les dio una nueva prórroga que vence el 28 de febrero.
“Para nosotros lo más pronto posible sería sacar esa ley quince días antes o un mes antes de la fecha establecida por el tribunal constitucional”, recalcó.
Dijo que pedirá el apoyo de los jefes de los grupos parlamentarios, este mismo viernes para una reunión a más tardar el lunes de la otra semana.
En el 2016, la Sala de lo Constitucional sentenció que la Ley General de Amnistía de 1993 violaba preceptos de la Carta Magna y ordenó a los diputados que tenían que aprobar una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.
Los legisladores debían tener lista la ley el 13 de julio del año recién pasado, pero pidieron una prórroga que fue concedida por el tribunal constitucional para aprobarla el 13 de noviembre del mismo año. El Congreso una vez más pidió extender el tiempo, por lo que esta vez los magistrados le dio como fecha límite el 28 de febrero próximo.
Combatir la impunidad es quizá donde ha habido más resistencia de los legisladores para llegar a un acuerdo.
La Ley de Reconciliación Nacional del 23 de enero de 1992 contempla que no gozarán de amnistías “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980…”.
Cabe destacar que el 28 de mayo del 2019 el Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que pidieron una prórroga para la aprobación de una nueva ley de reconciliación.
El 5 de septiembre, presentaron un escrito a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, para que la Asamblea diera detalles de las consultas de campo que efectuaba a las víctimas de la guerra (1979-1992). Hasta la fecha, el tribunal constitucional no se ha pronunciado.
Hay dos propuestas sobre las que están trabajando los políticos. Una de la Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión de Trabajo de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, propuesta a la cual le dio iniciativa de ley el diputado Juan José Martel y tiene el respaldado del FMLN, y la otra propuesta fue apoyada por los grupos parlamentarios ARENA, PCN y PDC.
El 19 de diciembre, las organizaciones de Derechos Humanos solicitaron a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, se les de audiencia para exponer sus argumentos sobre el proyecto de ley de reconciliación nacional.
Instaron a los diputados a promover una consulta inclusiva con todos los involucrados en los procesos de justicia y reparación. También pidió a la Comisión Política acepte el acompañamiento técnico ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Desplazamiento forzado por la violencia
Este anteproyecto de ley es el que está más avanzado y podría aprobarse este mes. Hasta la fecha los parlamentarios de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales han avalado 33 artículos de alrededor de 40 que contiene dicha propuesta.
Prima el principio de supremacía de la dignidad humana, razón por la que se crearía el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente (SINAPI) con el propósito que se brinde atención y protección con calidez, en forma inmediata, oportuna y con respeto de las personas desplazadas.
Esta entidad, a su vez, creará la Comisión Técnica Interinstitucional para la Atención y Protección de personas desplazadas, que será presidida por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, además de las carteras de Salud, Educación, Trabajo, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, entre otras.
También se acordó el contenido referente a que la persona, grupos familiares o grupos de afectados por desplazamiento forzado puedan recibir ayuda humanitaria, asistencia legal, psicosocial, seguridad social con igualdad; además, de garantizar la no discriminación por raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad u opinión política, confidencialidad, inmediata atención, gratuidad y protección de la propiedad y posesiones.
La comisión aprobó además los artículos referentes a las fases de atención a personas desplazadas, planes de contingencia, así como protección a las víctimas de ese flagelo, y a la unidad familiar; en ese sentido, se contempló que las fases de atención a desplazados contengan también la prevención y protección; deberán convertirse en una solución duradera y no temporal; y aseguran la aplicación de medidas ordinarias y extraordinarias encaminadas a proteger la vida de la persona solicitante.
El 29 de noviembre, CRISTOSAL, presentó una propuesta de financiamiento para atender a las víctimas que han tenido que abandonar sus hogares por la violencia delincuencial o agentes del Estado. Consiste en aumentar el Impuesto ad valorem a las armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares al 100% sobre el precio fijado en la operación de venta.
Esta ley, tenía que estar aprobada en enero de 2019 por mandato de la Sala de lo Constitucional, que en el 2017 admitió un amparo presentado por una familia que había sido acosada por pandillas, por la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar y libertad de circulación y propiedad. El Palacio Legislativo está en desacato.
Una encuesta realizada en 2018 entre CRISTOSAL con el Instituto de Opinión Publica de la Universidad Centroamericana José Matías Delgado (IUDOP), reveló que 220,000 personas tuvieron que cambiar de domicilio por razones de violencia ese año.
Las pensiones es otro punto. Ponce afirmó que deben resolverlo a la brevedad y para ello, le darán el apoyo a la Comisión Ad Hoc que ya comenzó el estudio de la Ley de Ahorro para Pensiones (SAP). La idea es de hacer reformas puntuales a la normativa.
Esta normativa fue promulgada el 23 de diciembre de 1996 y entró en vigencia en 1998. Ha sido objeto de innumerables reformas e interpretaciones auténticas.
Un artículo de la BBC News retrata cómo funciona el sistema de pensiones en Chile y otros países de Latinoamérica, entre ellos El Salvador. El punto central siempre gira sobre lo mismo: “una pensión digna”.
