A fin de brindar seguridad jurídica a más de 400 familias, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de decretos que permitirán la transferencia de inmuebles al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).
Estos terrenos, ubicados en distintas comunidades del departamento de San Salvador, serán formalmente legalizados a favor de sus actuales habitantes, muchos de los cuales han esperado por décadas para obtener sus escrituras de propiedad, según el Ministerio de Vivienda.
La primera de estas transferencias, avalada en el dictamen número 7 de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, se refiere a un terreno en la Comunidad 1° de Junio, en San Martín. De acuerdo con el Gobierno, esta comunidad, compuesta por 156 familias, lleva 15 años esperando este reconocimiento legal que finalmente les otorgará la certeza sobre sus viviendas.
El segundo decreto, contenido en el dictamen número 8, permite la transferencia de un terreno en la Comunidad Villa Kiwanis, Soyapango. Este asentamiento fue originalmente construido con el apoyo del Dr. Armando Bukele Kattán y el Club Kiwanis El Salvador, para alojar a familias que resultaron damnificadas por los terremotos de 2001. El inmueble, que actualmente alberga a 220 familias, será ahora legalmente transferido a sus habitantes.
La Ministra de Vivienda, Michelle Sol, subrayó la importancia de este acto, destacando que se trata de un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para cumplir con el legado de Bukele Kattán.
El tercer dictamen aprobado, el número 9, se refiere a un terreno en la Colonia Nicaragua, también en San Salvador. Aquí, FONAVIPO se encargará de la legalización de 112 apartamentos construidos para familias de las comunidades Nicaragua 2, 3 y Minerva, en su mayoría lideradas por mujeres. El proyecto de vivienda incluye una primera fase de 80 apartamentos, actualmente en construcción, y una segunda fase en etapa de diseño, que sumará 32 apartamentos adicionales.
Con estos decretos, la Asamblea Legislativa ha dado un paso hacia la regularización de tierras en favor de varias familias salvadoreñas, algunas de las cuales han esperado por más de dos décadas para obtener la seguridad jurídica sobre sus viviendas.
