La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) instó a los salvadoreños, por medio de un editorial, a estar atentos de la resolución que emitirá el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) sobre la demanda que Pacific Rim/Oceana Gold contra el Estado salvadoreño.
Actualmente El Salvador está a la espera de conocer la resolución del CIADI en la que se establecerá si el país debe pagar o no los 250 millones de dólares que la empresa minera exige como indemnización por no permitirle explotar la mina El Dorado en San Isidro, Cabañas. La demanda fue interpuesta en 2009.
Fue en 2002 que la empresa inició las labores de exploración en la mina después de haber adquirido los permisos, pero ya no recibió la autorización para realizar la explotación.
Pese al optimismo de la defensa salvadoreña en el CIADI la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ha hecho un llamado, al igual que ARPAS, a estar atentos ante el peligro de una resolución que podría ser contraria y perjudicial para El Salvador, no solo económica sino también ambientalmente.
El temor, según el editorial de ARPAS, nace debido a que el CIADI es un tribunal del Banco Mundial influenciado “por las grandes corporaciones que recurren ahí para extorsionar a los Estados cuando éstos no acceden a sus pretensiones lucrativas”.
“Por eso todos los sectores debemos estar pendientes del CIADI, para rechazar contundentemente cualquier fallo desfavorable a los intereses nacionales y contrario a nuestra soberanía, independencia y autodeterminación. Ningún tribunal corporativo puede definir las políticas económicas, de protección ambiental y convivencia social del país”, cita el editorial de ARPAS.
Ya en en 2012 el CIADI resolvió que Pacific Rim/Oceana Gold no podía ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) para continuar con la demanda. Sin embargo el proceso legal sí pudo continuar porque la empresa minera se amparó en el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.
Activistas ambientales aseguran que si existiera una normativa que prohíba la minería metálica no solo protegería al medio ambiente y a la población, sino también la economía del Estado, pues evitaría demandas como la interpuesta por Pacific Rim/Oceana Gold.
En ocasión anterior el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, también ha expresado su preocupación ante la resolución que pueda emitir el CIADI y expuso que espera que "no vaya a ser de condena para nuestro país (“¦) si ganan ellos el litigio, seguramente se les va a autorizar la explotación de la mina El Dorado y esto contaminaría los mantos acuíferos con cianuro y ciertamente es preocupante", dijo.
