Con 52 votos la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles disposiciones especiales para la protección integral de agentes de seguridad pública como policías, soldados, empleados fiscales y judiciales, entre las que destacan endurecimiento de penas a quienes asesinen a este tipo de trabajadores públicos, así como beneficios para familiares de víctimas.
Las disposiciones especiales consisten inicialmente en que el plazo de investigación de los crímenes se reduce, y las investigaciones de los hechos cometidos contra los agentes de estas instituciones no podrán exceder de tres meses prorrogables en delitos comunes y de seis meses en delitos de crimen organizado. Los plazos respectivos en la legislación normal son 7 meses y 24 meses.
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Además habrá un régimen especial penitenciario a los capturados que implicará encierro en celdas especiales, restricción de visitas de toda clase. Los defensores se comunicarán en recintos habilitados.
También, los condenados por estos crímenes no podrán tener beneficios de libertad, no se aplicará reemplazo de pena de prisión, suspensión condicional de la pena a los condenados por delitos contra los agentes. Ni libertad condicional, ni anticipada.
Las disposiciones implican también congelar las cuentas bancarias y bienes a los capturados. El fiscal podrá ordenar de manera fundada durante 15 días y luego judicializarlo.
También se aprobarán protocolos de seguridad para los agentes; las instituciones deberán crear un protocolo para proteger a los agentes. La PNC “deberá apoyar al resto de instituciones si así fuese requerido” para formular y ejecutar los protocolos.
Las medidas establecen también que los agentes podrán solicitar al juez de paz medidas de protección para ellos o uno o más miembros de su familia. Estas podrán ser órdenes judiciales de abstenerse de hostigar, perseguir, intimidar.
Por último, estas medidas ordenan beneficios a familiares de agentes fallecidos quienes “deberán gozar” de atención psicológica, becas si son hijos, vivienda digna y trabajo para el cónyuge sobreviviente.
“Las medidas institucionales elevan los protocolos de Seguridad, así como medidas judiciales de protección”, dijo el diputado del FMLN, Roger Blandino Nerio.
“Estamos legislando para llevar mayor protección a la familia de quienes están involucrados en combatir criminalidad”, expresó el diputado del partido ARENA, Norman Quijano.
Las disposiciones aprobadas hoy por el Legislativo, se dan luego que la mañana de este miércoles un oficial de la PNC, su esposa y su hija de cuatro años de edad, fuesen asesinados en Coatepeque, Santa Ana.
En lo que va del año han sido asesinados 41 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Los ataques también han alcanzado a los familiares de otros agentes. Asimismo se contabilizan 20 soldados asesinados.
