A El Salvador le es imposible combatir las extorsiones que imponen las pandillas del país. Así lo cree el director de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Víctor Rodríguez.
“Por más que quieran meter presos a los que extorsionan, mañana viene otro. Las pandillas están tan diseminadas y organizadas que es imposible para las autoridades detener las extorsiones”, afirma el asesor de la ANEP.
La Fiscalía General de la República (FGR) recibió más de 1,500 denuncias de extorsión en 2017. Nadie escapa de este acoso que va desde pequeñas tiendas en una comunidad hasta comercios muy bien establecidos.
Rodríguez es contundente cuando se le pide cuantificar el número de pequeños y medianos empresarios que han huido de El Salvador:
“” ¿Y ustedes como ANEP tienen un cálculo de cuántas empresas se han retirado del país?
“” Es que eso es a diario. No hay forma de llevar un control. De la noche a la mañana cierran los comercios porque no hay forma de pagar lo que les exigen, porque a veces son negocios de subsistencia. La gente está migrando de los cantones a la ciudad en busca de trabajo, porque huyen de sus zonas de vivienda. No tenemos un cálculo de cuántas empresas se van de El Salvador porque es a diario.
Los empresarios que tienen la oportunidad de sacar sus negocios de El Salvador se van a países como Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
“Aquí no hay forma de prosperar y desarrollar la economía”, señala el experto de la ANEP.
Una extorsión sucede cuando a una o varias personas se les obligan a hacer un acto o negocio en contra de su voluntad. En El Salvador existe la Ley Especial contra el Delito de la Extorsión aprobada en mayo de 2015. Los años de cárcel van desde diez hasta veinte años. Gracias la Ley Especial de Protección a Testigos en sus artículos 10, 11 y 12 protege la identidad de los denunciantes.
“” ¿Es una batalla perdida la violencia de las pandillas y las extorsiones?
“” Por el momento, sí. No hay forma de combatir este problema. La sociedad salvadoreña ha sido derrotada por las pandillas. Hay lugares donde la policía no entra. Además, no se conoce la realidad de toda la gente que está siendo extorsionada. En la ANEP hacemos una actividad cada año que se llama Enade [Encuentro Nacional de la Empresa Privada] y le entregamos un estudio a los tres poderes del Estado [Legislativo, Judicial y Legislativo] y no les hacen caso. Ahí van soluciones a los problemas, pero las ignoran. No tenemos esperanza de que El Salvador mejore. La única esperanza es que venga un nuevo gobierno y que venga decidido a combatir la delincuencia y que desarrolle la economía que va en picada. Yo tengo una visión incierta sobre este país en todo sentido.
Invertir para perder
Laura “”nombre ficticio”” decidió volver en 2017 a su pueblo natal para echar a andar un negocio de comida y bebidas. Hizo un préstamo y buscó un local. Los amigos de infancia la reconocieron y le dijeron que a pesar del tiempo todavía le guardaban estima. Lo que la mujer no sabía es que aquellos infantes de antaño ahora eran pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios y le ofrecían resguardo solo si pagaba la extorsión o les ofrecía otros favores.
Un día le llamaron. La voz al otro lado del teléfono fue clara: “Yo no te voy a pedir nada, pero el lado donde vas a poner tu negocio no mando yo. Pero voy a hablar por vos”. Y así fue. Tiempo después entró otra llamada al celular de Laura: “No te vamos a pedir dinero, pero dale trabajo a mi mujer”.
Laura sintió que aquello superaba sus emociones y fuerzas físicas y decidió no emprender su objetivo. Luego empezó el acoso telefónico con la pregunta de siempre: “¿Cuándo vas a poner tu negocio?” Así pasaron cinco largo meses.
“” Laura: ¿renunció a su sueño de ser empresaria?
“” Sí. La verdad es que sí. Yo tenía la fe que iba a salir adelante, pero no. Es mentira. Esto no solo me pasa a mí, le pasa a otra gente que quiere inventar algo. Hasta a usted le puede pasar. Quizás usted quiera tener una tienda en su casa y ellos se fijan si le va bien.
“” ¿Por qué no denunció lo que le ocurrió?
“” Porque me da miedo. No confío en la Policía.
Laura empezará a trabajar en una cafetería de un centro escolar. Será de ella, pero tiene el mismo temor que en su anterior intento de ser trabajadora independiente: la de ser extorsionada. También se enfrenta a otro dilema: ella vive en una zona donde domina la pandilla MS-13 y su lugar de trabajo está dominado por la pandilla rival: el Barrio 18. Esta frontera territorial podría costarle la vida.
Los millones del transporte colectivo
El representante de la Federación de Empresarios Transportistas Salvadoreños (FECOATRANS), Catalino Miranda tiene veinte años como empresario. Ha denunciado vehemente el daño de la extorsiones. Afirma que a finales del año 2004 se empezó a “rentear” a la industria del transporte. Para los años 2005 y 2006 arreció el asesinato de transportistas como medida de presión para hacer efectivo el cobro de la extorsión. La MS-13 y las dos facciones del Barrio 18 cobraron en 2017 más de 18 millones de dólares en concepto de extorsión, según el empresario. Desde 2004 hasta enero de 2018 han sido asesinados 1,200 trabajadores de esta entidad.
La peor temporada para Catalino Mirando fue cuando surgió la Tregua: acción clandestina que surgió en el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014). Fue aprobado por él y supervisado por varios de sus funcionarios entre 2012 y 2014. Aquí se incrementaron las extorsiones para FECOATRANS que tiene un 40 % de flotilla de transporte a nivel nacional.
En abril de 2016 el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén “”del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) “” efectuó el plan denominado "Medidas extraordinarias de seguridad". Este mismo fue renovado por un año más en 2017. El Gobierno “”a duras penas”” logró que el Congreso le diera la extensión de las medidas por seis meses más para 2018. El propósito ha sido trasladar a reos a centros penales de máxima seguridad, aislar a los cabecillas, suspender las visitas en las cárceles, castigo a las telefónicas que no bloqueen la señal de los celulares, etc. Sin embargo, la implementación de este proyecto tiene detractores: los defensores de los derechos humanos creen que en nombre de la seguridad y la justicia se han cometido violaciones a la integridad de los civiles, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. En El Salvador ya se habla de grupos de exterminio compuestos por los cuerpos de seguridad del Estado.
Contrario a lo que piensa el asesor de la ANEP, Catalino Miranda asevera que las medidas extraordinarias de seguridad han reducido hasta un 40 % las extorsiones en el país. Cree que se puede combatir este flagelo.
“La batalla contra las extorsiones no está perdida. Lo que necesitamos es más liderazgo dentro de la Policía Nacional Civil (PNC). Si el delincuente está identificado y es un fino asesino, un fino violador, un fino extorsionista hay que cruzarlo a balazos. Este es un tema del que no quieren hablar los políticos por los votos. Y yo como empresario si no tengo miedo de decirlo”.
Las empresas grandes también se ven afectadas por la extorsión de las pandillas, pero no quieren hablar sobre esta realidad. Por ejemplo: Productos Alimenticios Diana (con presencia en Estados Unidos, México, Guatemala, Belice y Honduras) evadió el tema a través de unos de sus trabajadores de recursos humanos.
“Queremos mantenernos al margen del tema. Nosotros no negociamos o pactamos directamente con estos grupos. No tenemos mucho que decir”. Otra voz de la entidad fue más clara, pero pidió el anonimato:
“La empresa no se hacer cargo [de la renta], sino los vendedores. Ellos pagan de su dinero. Ya nos han matado a varios [por eso]”.
La extorsión sigue siendo la columna vertebral de las pandillas. Compran armas, drogas, lavan dinero, compran voluntades, crean negocios que terminan siendo competencia desleal para otros empresarios. Las cárceles siguen siendo un nicho de operaciones de donde surgen las instrucciones de quién debe pagar la renta y quién no.
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