Analistas expertos en temas de seguridad y política coincidieron en una entrevista matutina en que la seguridad en El Salvador se ha manejado con fines políticos y propagandísticos, y que no han existido políticas criminales pues las recientes y antiguas medidas y políticas de seguridad han sido elaboradas por personas que no conocen del tema y que lejos de golpear al crimen, le dieron beligerancia.
Ricardo Sosa, criminólogo de profesión, considera que El Salvador ha dejado de lado las ciencias forenses y criminalísticas, y se ha enfocado en que políticos y partidos elaboren planes de seguridad
“Hemos hecho a un lado la ciencia, la criminología, la criminalística y las ciencias forenses. Yo he insistido que El Salvador necesita un instituto de ciencias forenses para poder estructurar una política criminal de Estado y a partir de ahí estructurar las políticas y planes de seguridad”.
Sosa sostiene que los cambios en materia de seguridad vividos en los últimos días se deben a la acertada decisión de nombrar al comisionado Mauricio Ramírez Landaverde como ministro de Seguridad, y quien en conjunto con el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, han logrado influir en el Gobierno para estas tomar estas medidas porque conocen "desde adentro" el fenómeno.
Señala que en el país se ha delegado a religiosos y a ONG´S la responsabilidad de hacer estudios sobre la violencia, en referencia al “Plan El Salvador Seguro”, al que calificó de incongruente y que a su juicio la única estrategia de las 124 acciones del plan realizada en poco más de un año ha sido una “marcha blanca” que costó medio millón de dólares.
“Lo que tenemos ahora son 84 personas que se reúnen, no nos dan la cara, y que se han convertido en cómplices del fracaso en la política de seguridad. Yo quisiera que un vocero del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana le diera cuentas a la nación. Ni siquiera los municipios libres de violencia se han realizado. El impuesto a las telefonías y las medidas de seguridad actuales no forman parte del plan El Salvador Seguro”.
Por su parte el analista y experto en temas de seguridad, Ramón Medrano, sostiene que ha habido un uso político electoral del tema por parte de gobierno y partidos políticos. “Tenemos dos grandes ejemplos recientes. El primero es la actitud permisiva de algunas de las autoridades del Gobierno Funes sobre la tregua entre pandillas que terminó fortaleciendo las maras; la otra es ese video que apareció del intento de negociación del segundo hombre de COENA con las pandillas entre la primera y la segunda vuelta electoral”, dijo.
Añadió además que es necesario que el Estado golpee y debilite las estructuras de pandillas donde más les duele, y que no se continúe con capturas de propaganda. Señala que hay sectores como las iglesias que no dejan de lado la posibilidad de negociar con pandillas para ayudarles, pero es tajante al afirmar que “primero hay que golpearlas y debilitarlas porque con un adversario fuerte no se puede negociar”.
Por otro lado el politólogo, Óscar Godoy, coincide en que no existe una política criminal tal como la doctrina en ese campo lo ordena, pero asegura que aunque el país tuviera una política criminal, no sería la solución. “El Salvador ha evolucionado a lo que se conoce como una sociedad criminógena, y se debe abordar desde la seguridad humana y la política criminal. Se necesita romper el ciclo de la delincuencia que aunque se eliminen mil mareros, entran otros dos mil a consecuencia de fallas en el sistema de respuesta social del Gobierno”.
Godoy afirma que las teorías criminalísticas se seguirán cumpliendo en El Salvador. Una de ellas afirma que por cada víctima existe la posibilidad que ocurra aparezcan diez víctimas más, lo que derivará en que el país continuará siendo violento porque no existen políticas públicas.
“Las políticas públicas deben estar fundamentadas en un diagnóstico científico, y aquí lo que tenemos es pura sociometría. Aquí se ha creído por 24 años que las políticas públicas de seguridad tienen que ver con abogados y policías”.
Los analistas concluyen que el crimen organizado va más adelantado que las leyes, y que mutará de tal forma que encontrarán las maneras de comunicarse y continuar creciendo. Recomiendan que si el Gobierno quiere ver cambios sustentables, debe aislar el tema de seguridad de lo político y comenzar a realizar estudios desde la ciencia criminalística sin dejar de lado la implementación políticas sociales reales y no propagandísticas.
