El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador autorizó ampliar hasta el 15 de julio, la fase de instrucción de la causa penal en que se procesan a los exministros de Defensa Nacional, David Munguía Payés, José Atilio Benítez y el empresario Gustavo López Davidson, vinculados a supuesta irregularidades en una permuta de armas de la Fuerza Armada con la empresa de armas Centrum, en el año 2013, donde supuestamente el Ministerio de Defensa recibió armas que no funcionaban.
La Fiscalía presentó la solicitud en diciembre pasado pidiendo se autorizará una prórroga de seis meses la etapa de instrucción, aduciendo que existen pericias que aún no se han podido realizar, debido a su complejidad, además solicitudes de asistencia internacionales de las que aún están pendiente la respuesta de una de ellas.
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En la resolución, el juez Sídney Blanco consideró que “es evidente que el plazo otorgado de cuatro meses al plazo de instrucción el cual finalizó el 14 de enero, no fue suficiente para completar la recolección de elementos de prueba de cargo y descargo” considerando que solo se realizaría una pericia contable financiera y entrevistas de testigos.
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Sin embargo, en esta etapa de instrucción se han requerido de otras diligencias de acuerdo a oficios de la defensa y la fiscalía, para realizar otras diligencias , entre estas una pericia de funcionamiento y examen físico a los obuses sobre los cuales las partes han expresado tener obstáculos para acreditar peritos, así como dos peticiones de asistencia jurídica internacional hacia Argentina y Estado de Israel, de las cuales solo una asistencia ha sido autorizada, la segunda se encuentra en el proceso de traducción, reza la resolución del juzgador.
Munguia Payes es acusado de peculado y falsedad documental, mientras que a Benítez solo por peculado. En tanto a Carlos Gustavo López Davidson, Héctor Abel Herrera y Manuel de Jesús Romero, se les atribuyen el delito de cómplices necesario en delito de peculado. A Rafael Melara Rivera se le acusa de cómplice necesario delito de peculado y falsedad documental agravada, delitos en perjuicio de la fe pública, la administración de justicia y subsidiariamente del Ministerio de Defensa Nacional.
