Estudié teatro en la Universidad de El Salvador (UES). Concretamente, me gradué del VI Diplomado Superior en Teatro, en el cual el docente a cargo era el Sr. Ricardo Mendoza.
Recuerdo bien que desde que ingresamos a este diplomado, mis compañeras y yo escuchamos rumores acerca de que el Sr. Mendoza había acosado sexualmente a algunas de las estudiantes de las ediciones anteriores del diplomado.
La acusación era grave y nos preocupamos, pero teniendo en cuenta los pocos procesos de formación actoral que existen en el país, y que en todo caso, la mayoría se desarrollan en horarios no compatibles con los horarios laborales, mis compañeras y yo tomamos una decisión: “tomemos este diplomado pero vamos a cuidarnos unas a otras; procuremos nunca estar solas con él, y si a alguna le sucede algo, nos lo contamos”.
Y así sucedió. Procuramos siempre estar juntas, pero aun así, recuerdo que algunas de mis compañeras me contaron que en algún momento las invitó a salir o les hizo comentarios que las hicieron sentir incómodas. En aquel momento, que yo sepa, ninguna se animó a denunciar, y más bien, una de ellas luego me contó que se retiró del diplomado precisamente por eso.
A mí no me pasó, sin embargo, yo en ese momento era empleada la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), y desde el principio procuré recalcarlo mucho, hacer comentarios que le hicieran entender entre líneas, que ante cualquier cosa, yo tomaría acciones; se me ocurre que eso pudo haber sido una barrera protectora para mí, pero con la cual la mayoría de mis compañeras no contaba.
Desde hace tiempo me enteré que las compañeras de la Colectiva Amorales, estaban realizando diversas acciones de denuncia pública en contra de docentes de la Universidad de El Salvador que habían cometido actos de acoso sexual hacia estudiantes, entre los cuales se encontraba el Sr. Mendoza y pensé: “bien por las compañeras, me alegra que esta generación de estudiantes esté rompiendo con ese silencio con el que muchas antes no pudieron romper”, pero ahora me entero que el Sr. Mendoza les ha puesto una demanda por difamación y delitos contra el honor.
Esto me parece una situación sumamente grave porque, pese a la legislación vigente en El Salvador, sobran casos que mencionar que nos ponen en alerta sobre el riesgo de revictimización y criminalización de las denunciantes y protección a los agresores.
Y es que en nuestro país, parece ser que los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, siguen sin ser considerados realmente importantes, y la mayoría quedan en la impunidad, entre otras cosas, porque no termina de tomarse con seriedad, que los agresores manipulan la psique de las víctimas, las hacen dudar de sí mismas y de lo que están sintiendo, y las convencen de que nadie va a creerles.
En ese sentido, escribo esta columna para decir que yo le creo a las Amorales, pero a la vez, para recordar y exigir que se cumpla que:
- Todas las instituciones educativas y el personal que labora para estas, tienen la obligación de garantizar la seguridad y la integridad física, emocional y mental de sus estudiantes. Y en ese sentido, tienen la responsabilidad de tomar acciones para protegerlas. En este caso particular, como en relación a las acusaciones sobre otros docentes, la UES debe tomar medidas que garanticen que la universidad sea un espacio libre de violencia contra las mujeres.
- Los espacios de formación y de creación artística en general, deben ser espacios donde se deje de reproducir relaciones de poder entre hombres y mujeres. Así como el caso del Sr. Mendoza, diversos directores de teatro, de danza, como de otras ramas artísticas, han sido denunciados públicamente por mujeres que participan en estos espacios. Estos hombres, se aprovechan de su condición de directores, de la relación de confianza que se establece en estos espacios y de los deseos y necesidad que estas mujeres tienen de formación y participación artística. Y en el caso de las artes escénicas, donde la principal herramienta de trabajo es el cuerpo, los directores suelen justificar sus delitos argumentando que son exageraciones de las estudiantes y actrices, y argumentan que estas no son capaces de llevar su trabajo corporal al límite sin “malinterpretar” las cosas. Pero nada de eso es cierto: nada justifica tocamientos no consentidos, comentarios o “bromas” con contenido sexual o invitaciones a salir. Ante todo esto, las instituciones públicas competentes tienen que tomar acciones, para que sean los agresores los que sean destituidos de sus cargos, y no sean las mujeres que enfrentan el acoso las que se vean obligadas a truncar su formación y su carrera artística.
- El Estado tiene la responsabilidad de proteger a las denunciantes de las agresiones sexuales, de lo contrario, si en casos como la demanda que el Sr. Mendoza está entablando contra las compañeras de la Colectiva Amorales se falla a favor de los agresores, en lugar de contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, se está enviando un mensaje a la población, de que es mejor optar por el silencio, y que los agresores continúan teniendo el poder.
- Al resto de la sociedad nos corresponde la responsabilidad de acuerpar a las víctimas y de exigir que estos delitos no queden en la impunidad, de lo contrario, también tenemos parte de responsabilidad, al optar por creer en los agresores y dudar de las mujeres que los denuncian.
Por todo eso, finalizo repitiendo que, #YoLeCreoALasAmorales
