lunes, 15 abril 2024

Alto porcentaje de Mypes ví­ctimas de extorsiones

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Consultor dijo que investigaciones empresariales señalan que en el paí­s se pagan al año $120 millones en extorsión

Un estudio realizado por Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), revela que el 42% de las micro y pequeñas empresas en El Salvador han sido ví­ctimas de la delincuencia y blanco, en un 22%, de extorsiones.

El estudio, realizado a 3,977 Mypes a nivel nacional, demostró que el delito de la extorsión es el más frecuente, ya que el 49% de estás están ubicadas en zonas con presencia pandilleril; mientras que el 28% ha sido ví­ctima de ese delito cuando no hay presencia de pandillas.

“Los resultados confirman que la elevada cifra negra presente en la extorsión, se produce por la falta de denuncias, en gran parte, por el miedo a represalias, por la percepción de que no sirve de nada denunciar, y en algunos casos por la misma falta de confianza en las autoridades” reza la investigación.

Uno de los consultores de dicho estudio, Carlos Ponce considera que la extorsión es “una actividad de tipo parasitaria”, porque el que la comete vive de una ví­ctima que ejerce una actividad económica.

“Los victimarios rentean a quien sea, a todo aquel que esté dentro de su territorio; internacionalmente las mafias nacen alrededor de la extorsión, el extorsionista descubre que hay otros negocios más rentables como quedarse con el negocio de su ví­ctima, lo cual ya está pasando en el paí­s”, dijo el consultor.

Ponce aseguró que en las zonas donde se cometen las extorsiones el Estado ha perdido el poder de influencia.

El consultor dijo que investigaciones empresariales señalan que en el paí­s se pagan al año $120 millones solo en concepto de extorsión, “esto nos revela la magnitud del mounstro de las extorsiones, hay que preguntarse adonde va el dinero y qué se hace con ese monto”.

Ante la problemática, FUSADES señala algunas recomendaciones para prevenir el delito y que las empresas sigan presentando pérdidas, entre ellas señala que debe controlarse la influencia que las pandillas ejercen en las comunidades e identificar las estructuras de oportunidad para la comisión del delito.

Además, “fortalecer las capacidades institucionales de análisis para diseñar estrategias, polí­ticas y planes eficientes, aso como revisar la lógica de atención a los municipios”.

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