Por Alessoa Genoves
Catalino Miranda es un empresario del sector financiero y de trasporte público y de pasajeros. Desde el pasado 12 de marzo, fue detenido y llevado a los tribunales, tras ser acusado de incrementar la cuota al cobro del pasaje, en las Rutas 42 y 152; y por el supuesto de generar desordenes públicos con sus flotas de transporte. En última instancia, la Fiscalía General de la República (FGR) ha allanado cinco inmuebles, que corresponden a empresas de las que es propietario, para buscar información que lo incrimine con el delito de lavado de dinero y de activos.
Siete sociedades financieras y empresariales son representadas por Miranda, como titular. Las pericias, sin embargo, apenas han logrado identificar documentos como “facturas, balances financieros de las diferentes sociedades; así como documentación legal, de diferentes contratos y compraventas”, con las que se espera obtener indicios sobre el “procesos mediante el cual las estructuras delincuenciales tratan de limpiar y de blanquear aquellos fondos provenientes de actividades ilícitas”.
Catalino Miranda
Miranda es el empresario de varias rutas de transporte público, de pasajeros. Desde el pasado 29 de diciembre de 2021, expuso un informe de resultados contables; y explicó que varias instituciones de transporte reportaron pérdidas de hasta $12 millones de dólares, por extorsiones. La cifra, no obstante, significa una reducción en pérdidas, y que en años anteriores los reportes de pérdidas eran mayores a los $36 millones de dólares.
Rutas como la 11c, la 202, la 151 y la 30b han sido los escenarios que han presenciado mayor asedio de grupos terroristas, y el asesinato de al menos un pasajero en cada una de ellas, hasta la fecha. La misma suerte corrieron las víctimas de las unidades de las rutas 306 y 129. La gemial también denuncia que la violencia ha hecho que las empresas de las rutas “202, 90, 109, 11, 117, y la 30, 210, 277 y 214” suspendan sus actividades con “paros” temporales.
Ante la pérdidas, el empresario expuso que el gobierno salvadoreño debería incrementar el subsidio al transporte público, con hasta $150 millones de dólares, para asegurar la sostenibilidad de al menos 850 flotas vesiculares; así como el revisar la Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, para incrementar la tarifa individual del pasaje. Sus demandas fueron reiteradas, cuando el gobierno salvadoreño anunció la sanción a aquellas empresas que incrementaran el cobro del pasaje, en razón de los impactos económicos de la Guerra de Ucrania.
El empresario fue acusado, desde el pasado 12 de marzo, por las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC). Los cargos responden a los supuestos de “incrementar el pasado de forma ilegal”, y de “obstaculizar la vía pública con sus unidades”, según lo detalló la corporación policial. Otras detenciones sucedieron a los conductores de la Ruta 42, Hermel Ernilson Castro y Rommel Iván Aquino, acusados de “aumentar el precio del pasaje y falsificar documentos de circulación”.
“Los rumores eran que iban a hacer una protesta todos los transportistas a nivel nacional por lo que ya saben, para montar el ejemplo me han agarrado a mi y mandar un ejemplo a nivel nacional que el Estado es estricto y que así les va a pasar a todos, pero mal ejemplo porque en el estado de derecho no funciona así esta situación, en estado de derecho se respeta”, explicó Miranda.
También fue sometido por la PNC, por cometer el supuesto delito de “resistencia agresiva”, según lo indicó el titular de la Corporación Policial, Mauricio Arriaza Chicas. Sin embargo, hasta el mes de junio, no se pudo comprobar si el empresario fue sometido por resistencia, ya que, según sus abogados, no se divulgaron los registros de las pruebas videograficas de la detención.
Lavado
Miranda ha sido acusado por los delitos de lavado de dinero y activos. El requerimiento se ha realizado en el transcurso de los seis meses de su detención. La FGR, por su parte, no ha divulgado detalles de los primeros indicios, o material probatorio que impliquen al incoado de cometer dicho delito. Sin embargo, desde el día de ayer se ordenó la intervención en cinco de los inmuebles, con prevención de allanamiento, para identificar la documentación que lo certifique.
“Se ha encontrado información financiera y legal de las sociedades Acostes de R.L, Acostes S. A. de C. V., Fosatrans; Capur S.A. de C.V, Acofancu S. A. de S.V.; Financiera Popular de R.L.; Acotesmi S. A. de C.V y, de igual manera, información personal del señor Catalino Miranda”, indicó la FGR, en el reporte de los primero hallazgos.
El Ministerio Público Fiscal sostiene la hipótesis de que “por medio de sus sociedades ha efectuado acciones relacionadas con el delito del lavado de dinero y activos”; y añadió qu “éste proceso puede ser mediante sociedades, y mediante la instalación de diferentes negocios, dedicados a diferentes rubros del comercio”. Para confirmarlo, se estarían “encontrando diferentes facturas, balances financieros de las diferentes sociedades; así como documentación legal, de diferentes contratos, compraventas”
