Al menos nueve muertos en una nueva masacre en cárcel de Ecuador, informa Fiscalía

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Fiscalía de Ecuador abrió –de oficio– una investigación previa por la muerte violenta de nueve personas en el Centro de Privación Provisional de Libertad El Inca, en Quito. Además, se desarrollan diligencias para el levantamiento de los cadáveres

Agencia de Noticias Sputnik

Al menos nueve muertos dejó una nueva masacre carcelaria en Ecuador, informó el viernes la Fiscalía General del Estado.

“Fiscalía de Ecuador abrió –de oficio– una investigación previa por la muerte violenta de nueve personas en el Centro de Privación Provisional de Libertad El Inca, en Quito. Además, se desarrollan diligencias para el levantamiento de los cadáveres”, publicó la entidad en Twitter.

Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) reportó la muerte de ocho presos.

El SNAI precisó en un comunicado que los hechos se suscitaron luego del traslado de cárcel del privado de libertad Jonathan Bermúdez, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, tras lo cual “miembros de esta organización delictiva tomaron represalias violentas que lamentablemente dejaron ocho personas privadas de la libertad fallecidas”.

La nota oficial de la entidad señala que los tres presuntos responsables de estos incidentes violentos también serán trasladados desde el penal de El Inca, en la provincia de Pichincha (centro norte), hasta la cárcel de máxima seguridad La Roca, en la provincia de Guayas (suroeste).

El líder delincuencial Bermúdez fue señalado como el responsable de la matanza registrada en la cárcel de El Inca a inicios de este mes, cuando murieron cinco reclusos y otros tres resultaron heridos.

El viernes también fue evacuado al penal de La Roca el recluso identificado como “Anchundia”, líder de la banda R7 y señalado como responsable de disturbios en el penal de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro norte).

Hasta inicios de este mes, el SNAI reportó más de 2.000 traslados de reos con el argumento de reducir hacinamiento y de avanzar hacia “un modelo de gobernanza ordenado y en garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad”

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