Las protestas por falta de agua potable han sido recurrentes en las últimas semanas en El Salvador. Cierres de calles y quema de llantas se han vuelto parte de la cotidianidad de las mañanas de decenas de personas que piden que el agua les llegue a sus casas de manera regular.
Funcionarios del Gobierno y ambientalistas coinciden en que El Salvador está sufriendo una emergencia por la falta de agua. Para estos últimos la crisis había sido anunciada desde hace mucho tiempo y ellos han abogado siempre para que desde los gobiernos en turno se ejecutaran acciones para enfrentarla pero no hubo atención al llamado.
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), dijo que como muchos otros expertos han señalado desde el 2015 que “el gobierno se debía de ejecutar acciones urgentes para enfrentar la crisis del agua y que no fuera la gente pobre la que pagara estos impactos que ocurren actualmente y se visibiliza con la gran cantidad de protestas por la falta de agua en las colonias en el área metropolitana de San Salvador”.
Incluso, en 2006 el “Informe sobre Desarrollo Humano: Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que si no se tomaban acciones integrales en ese momento El Salvador iba a “enfrentar escasez de agua en unos 15 años (a partir de ese año)”.
El documento señalaba que la ineficiente gestión del agua en El Salvador se manifestaba en conflictos sociales así como en la contaminación de los recursos hídricos. Ambientalistas aseguran que en la actualidad la realidad no es distinta “sino que está empeorando”.
Según la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales actualmente el 76.5 por ciento del total de hogares salvadoreños cuentan con acceso a agua potable; en el área urbana es de 85.6 por ciento; mientras que para el área rural es del 59.6. Para la entidad, como lo dijo su vocera Mhaydeé Recinos, esto agrava “las inequidades que afectan a las mujeres rurales y a la población en general” por la brecha de desigual en el acceso al agua.
Para justificar el desabastecimiento de agua potable, el titular de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Marco Fortín, mencionó que diversos pozos abastecedores de agua han mostrado una reducción del vital líquido, pero que ya están trabajando para la mejora de los servicios.
El Cambio Climático, un factor clave ante la actual crisis
Fortín expresó que en la zona metropolitana hay pozos dañados que bloquean la capacidad para subministrar agua y otros que aún no están operando; sin embargo acotó que “no nos podemos apartar de una realidad que es el efecto del Cambio Climático”, en referencia a que este fenómeno ha causado sequías por falta de lluvia en los últimos cuatro años en el país.
La falta de lluvia ha provocado escasez de agua en los pozos abastecedores, sin embargo para los ambientalistas existen otros problemas que se reflejan cuando sí llueve porque no hay capacidad del territorio para infiltrar agua de lluvia.
Ángel Ibarra, viceministro de Medio Ambiente, dijo que “en El Salvador no hay falta de agua, sino falta de agua de buena calidad”, esto en referencia que un estudio del Ministerio de Medio Ambiente en 2011 arrojó que ningún río posee agua con calidad excelente; que el doce por ciento es buena; regular es el 50 por ciento; mala es el 31 y pésima el siete por ciento.
En 2015 hubo reducciones en los caudales de ríos en El Salvador; según el MARN el Río Torola tuvo una disminución del 95 por ciento de su caudal; el 70 por ciento en el Río Grande, de San Miguel; el 95 por ciento en el Guascorán; y entre el 60 y el 87 por ciento en los Ríos de la zona occidental y norte del país.
El año pasado un editorial de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) señalaba que “el problema no es de escasez hídrica, pues la precipitación pluvial en el territorio supera el promedio mundial. El problema es el mal manejo de los recursos.
Agregaba que: “El Salvador tiene, de acuerdo al PNUD, la disponibilidad de agua más baja de Centroamérica. Somos el único país de la región al borde del estrés hídrico. De acuerdo a cifras oficiales del año pasado, la cobertura de agua en la zona urbana era de 83.5%, mientras que en el campo apenas alcanzaba al 39.8% de la población. Estos datos aumentan si se consideran no las viviendas y comunidades que cuentan con tuberías, sino solo aquellas a las que efectivamente les llega el líquido”.
Ibarra mencionó que el problema actual es a raíz de los cuatro años de sequías a los que se ha enfrentado, pero también se debe a que no existe una legislación que proteja el recurso hídrico salvadoreño.
En este contexto, la procuradora adjunta de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Yanira Cortez, dijo que “la crisis del agua no es discutible, no se puede esconder”. Señaló que el país tiene menos disponibilidad hídrica por la contaminación de las aguas pero la demanda por la población va en aumento y esto incrementará la crisis que actualmente se vive. Y exhortó a los diputados a que aprueben la Ley General de Agua.
El MARN presentó un anteproyecto de Ley General de Agua en 2012 a la Asamblea Legislativa. El anteproyecto es un compendio de 178 artículos. Pero como lo dijo el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Guillermo Mata, esta se “ha quedado trabada (detenida) en el estudio del artículo 91”, esto debido a la falta de acuerdos entre las fracciones legislativas sobre el ente que controlará el recurso hídrico.
De igual forma Organizaciones sociales presentaron es 2006 una propuesta de Ley General de Aguas, en 2011 y 2013 presentaron actualizaciones a la misma. En 2001 también llevaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley del Sub-sector de Agua Potable y Saneamiento. Ninguna fue tomada para revisión.
Por la falta de normativas, por el desabastecimiento de agua actual y la sequía que ha aquejado a El Salvador es que Luis González, de la UNES, señala que la crisis ya estaba anunciada y que “no hay duda que las autoridades no tomaron en cuenta lo dicho y alertado por los y las ambientalistas y por ello tienen una doble responsabilidad con la actual crisis, que afecta mucho más a las comunidades rurales y a sus medios de vida”.
