La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador lamentó que el juicio contra Imelda Cortez haya sido suspendido este lunes “por la inoperancia de la Fiscalía General de la República (FGR)”, quienes aseguran han dificultado el proceso.
“Imelda Cortez no pudo recuperar su libertad hoy. La vista pública fue suspendida por el Tribunal de Sentencia de Usulután, integrado por Claudia Palacios, Maclin Portillo y Hugo Noé García, ya que la fiscal Bernarda Cáceres de Roque avisó hasta esta mañana que estaba enferma”, dicta el comunicado emitido por la Agrupación.
Los activistas denunciaron que la audiencia estaba programada a las 8:00 de la mañana e inició dos horas tarde por la ausencia de la fiscal, quien no se reportó durante ese lapso. Fue hasta eso de las 10:00, que Juan Cardona, jefe de delitos relativos a la niñez y adolescencia, comunicó que Roque no asistiría por complicaciones médicas.
Ante la inasistencia de Roque, la audiencia fue reprogramada por el juez García para el 17 y 20 de diciembre de este año, a las 10:30 de la mañana.
La Asociación manifestó que la vista pública fue aplazada por el Tribunal sin que la fiscal presentara una constancia médica que justificara su condición de salud crítica.
Arnau Baulenas, defensora que Cortez, pidió que una constancia de la salud de Roque sea anexada al proceso y lamentó la falta de respeto de la FGR porque tuvo conocimiento de las complicaciones de la fiscal desde un principio y no fue notificado.
Por su parte, Bertha Deleón, apoderada legal y defensora de la imputada, recordó al jurado que anteriormente la audiencia preliminar había sido suspendida en siete ocasiones por el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Seguridad, porque el Instituto de Medicina Legal (IML) no había logrado obtener los peritajes necesarios; lo que consideró una falta de respeto para la acusada, la familia y las organizaciones activistas.
Para la Agrupación el caso de Imelda “refleja los graves prejuicios hacia las mujeres de escasos recursos que experimentan emergencias obstétricas y las consecuencias de la penalización absoluta del aborto”.
Imelda, de 20 años, está detenida desde el 17 de abril del 2017. La joven tuvo un parto extrahospitalario en la letrina de su vivienda y debido a una fuerte hemorragia, fue llevada al Hospital Nacional de Jiquilisco, donde la detuvieron y acusaron de aborto culposo. Un día después, la Fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado en grado de tentativa contra su hija.