La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro admitió este martes la demanda civil por posible enriquecimiento ilícito contra del exsecretario Privado de la Presidencia de la República, Elmer Roberto Charlaix Urquilla y a la vez ordena diligencias a otras instituciones.
La CSJ en Pleno estableció el pasado 14 de octubre que existen indicios suficientes de enriquecimiento ilícito del exsecretario Charlaix, por lo que ordenó se inicie el respectivo juicio en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, la inmovilización de cuentas bancarias, la anotación preventiva de bienes inmuebles y la restricción de transferencia de propiedad de una serie de acciones en distintas sociedades.
Los magistrados enviaron la notificación al fiscal General de la República, para que dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a partir de este día intervenga personalmente o delegue a sus agentes auxiliares Además, como lo ordena la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se incorpora oportunamente la resolución de la Corte en Pleno.
Asimismo, se solicita al director del Centro Nacional de Registros (CNR) entregar un informe sobre los inmuebles ubicados en Hacienda La Isla en Zacatecoluca y el que está a nombre de María Arline Rivas de Charlaix, conocido por Condominio Puerta Dorada, colonia Escalón.
También se le ha pedido al representante legal del Banco Agrícola un informe sobre la inmovilización de las cuentas bancarias del demandado. De igual forma, a los representantes de Promérica y de la Sociedad Central de Depósitos de Valores.
Por último, se decreta el embargo de las acciones nominativas en cinco empresas farmacéuticas y de transporte aéreos vinculados al caso.
Además de este proceso civil Charlaix es procesado de manera penal, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de Peculado, Agrupaciones Ilícitas y Lavado de dinero. El mismo exfuncionario decidió entregarse de manera voluntaria el pasado domingo, fecha en la capturaron al expresidente Elías Antonio Saca y cinco de sus exfuncionarios por desvío de $246 millones de fondos públicos a cuentas particulares.
