La Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia acusó este viernes a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de usurpación de atribuciones que no le corresponden como la de dos Órganos de Estado, y solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el posible cometimiento del delito de Prevaricato por parte de los magistrados.
“Han usurpado funciones exclusivas de los Órganos Legislativo y Ejecutivo, facultades que les ha otorgado el pueblo por medio de su voto directo, para el nombramiento y destitución de funcionarios de elección de segundo grado”, expresó Keni Hernández, representante de la Unidad de Abogados.
Los profesionales del derecho además señalan que la Sala usurpó funciones que únicamente le competen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ratificar la elección de los funcionarios de elección popular, en este caso, los diputados suplentes.
“Han usurpado también la facultad soberana del pueblo de elegir a sus gobernantes. La Sala falla sobre la elección de los diputados suplentes, sin que se haya cometido ninguna violación a derechos fundamentales o constitucionales en la elección”, señalan los abogados.
Llegaron además ante la CSJ a solicitar información pública para conocer el motivo de la reunión secreta que sostuvieron los magistrados de la Sala con representantes de algunos medios de comunicación, pues según afirman, este tipo de acciones son evidencia de que los magistrados obedecen a una agenda política.
Ante esto, llaman también la Asamblea Legislativa a dar seguimiento a la solicitud de antejuicio solicitada, y de ser posible, destituir a los magistrados por violar la Constitución de la República.
Por último, llaman a la CSJ a responder por qué las demandas en contra de los magistrados no han sido resueltas y le exhortan a abrir un expediente disciplinario en su contra, según ellos, porque los magistrados violaron la Ley de la Carrera Judicial con sus resoluciones.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional han estado en la mira de la población desde el 13 de julio pasado que emitieron resolución de inconstitucionalidad de bonos por 900 millones de dólares, elección de diputados suplentes y Ley de Amnistía, todas el mismo día.
