La actual administración de la Asamblea Legislativa acusa al anterior presidente del parlamento, Mario Ponce, de haber gastado US$58,860.66 en cinco contratos que suscribió en marzo de 2021 para el suministro del servicio de cable, telefonía e internet dedicado a ese órgano del Estado.
Ponce habría suscrito los contratos después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer públicamente los resultados de los comicios del 28 de febrero de 2021, sabiendo que quedaba fuera como diputado propietario del PCN por la circunscripción de Cuscatlán.
La gestión presidencial de Ponce —puesto que ocupó gracias a la venia de ARENA y del FMLN— concluyó el 30 de abril de 2021, pero los contratos los suscribió para un plazo de nueve meses, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Es decir, el exlegislador dejó comprometidos fondos que serían ejecutados por la nueva presidencia y la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa que asumió funciones el 1.° de mayo del año pasado.
Los cinco contratos suscritos por Ponce fueron con la modalidad de libre gestión. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) define en el artículo 40, literal b, que podrá utilizarse la figura de libre gestión «cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio»; sin embargo, «debe dejarse constancia de haberse generado competencia» para la prestación del servicio y el contratante; en este caso, la Asamblea Legislativa debe haber «solicitado al menos tres cotizaciones».
El primero de los cinco contratos fue suscrito el 12 de marzo de 2021 con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, por un monto de $18,000. La empresa se comprometió a suministrar el servicio de telefonía fija en las oficinas del Palacio Legislativo —en el Centro de Gobierno—, en las 13 oficinas departamentales y en el Centro Cívico Cultural Legislativo, conocido como Villa Dueñas.
El contrato explica que el servicio únicamente consistía en permitir «el tráfico de llamadas sin costo» y «sin límite de tiempo» entre teléfonos fijo y fijo, fijo y móvil, móvil y fijo, y móvil y móvil, pero se debía pagar además una cuota mensual fija por el servicio telefónico. Todas las llamadas que no estuvieran incluidas en estas cuatro modalidades y se hicieran hacia un número de una compañía telefónica distinta de la que prestaba el servicio generaría «un costo adicional para la institución contratante», es decir, la Asamblea.
Según la cláusula séptima del contrato —que fue hecho por libre gestión con el código LG-31/2021—, la empresa se comprometía a brindar el servicio a partir del 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021.
El 22 de marzo del año pasado, Ponce suscribió el segundo contrato también con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, esta vez por un monto de $13,221. La empresa se comprometió a proporcionar el «servicio de enlace de datos» para «interconectar a nivel de red informática las oficinas del Palacio Legislativo con las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa».
El plazo y la vigencia del contrato —por libre gestión con el código LG26/2021— comenzó el 1.º de abril y finalizó el 31 de diciembre de 2021, refleja la copia del documento publicada en el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa.
El tercer contrato también fue firmado el 22 de marzo por un monto de $3,015.00 con la empresa Enlacevisión, S. A. de C. V., la cual se comprometió a brindar el servicio de internet dedicado en el Palacio Legislativo. La prestación y la vigencia del servicio —adquirido por libre gestión con el código LG-26/2021— inició a partir del 1.º de abril hasta el 31 de diciembre de 2021.
El cuarto contrato —también suscrito el 22 de marzo por libre gestión LG26/2021— fue por un monto de $7,115.16. Lo firmaron Ponce y Leo Maza Chavarría, estudiante, de nacionalidad guatemalteca y representante de la empresa Internet Telecomunication Company de Guatemala, S. A., sucursal El Salvador.
La vigencia inició el 1.º de abril y finalizó el 31 de diciembre de 2021. La empresa se comprometió también a proporcionar el servicio de internet dedicado en el Palacio Legislativo, fibra oscura desde el Palacio Legislativo hasta el Centro Cívico Cultural, y fibra oscura desde el Palacio Legislativo hasta el edificio ExFosofamilia.
Hacia el edificio Ex-Fosofamilia fueron trasladadas las oficinas de los diputados del FMLN, la Unidad de Acceso a la Información Pública y otras, luego de que Ponce decidió ya no prorrogar los contratos de arrendamiento de oficinas externas porque la infraestructura del Palacio Legislativo estaba dañada por los constantes sismos.
El último contrato que Ponce firmó antes de concluir su gestión fue por $17,509.50, con una empresa de telefonía local con vigencia del 1.° de abril al 31 de diciembre de 2021.
La compañía suministró el servicio de cable TV comercial digital para la Asamblea Legislativa hasta un máximo de 150 puntos de servicio. El contrato también fue por libre gestión y quedó registrado con el código LG-16/2021, según el Portal de Transparencia.
Ponce fue presidente de la Asamblea del 1.º de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2021. «Diario El Salvador» publicó el año pasado que Ponce, luego de asumir sus funciones, suscribió el contrato LG01/2000 por $68,0000 para la compra de 21 líneas telefónicas pospago, con equipos móviles de alta gama.
Las unidades fueron asignadas a los diputados miembros de la junta directiva y a los jefes de fracción de los partidos políticos de la anterior legislatura.
