Marchas de activistas contra el bitcoin, veteranos de guerra y jueces circularon, durante este martes, en las carreteras de la capital salvadoreña y que culminaron en la Asamblea Legislativa.
Los manifestantes, se encontraron con barricadas con alambre de púas en uno de los accesos de los Órgano Legislativo.
Los activistas contra del bitcoin, miembros de distintas organizaciones sociales y dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), como Schafik Hándal y Jaime Guevara, insistieron en que la Asamblea Legislativa debe derogar la Ley Bitcoin.
Al contrario, la Asamblea aprobó en la plenaria dos dictámenes que declaran “desfavorable” las peticiones del FMLN para derogar la polémica normativa que establece el bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador al igual que el dólar.
El diputado Jaime Guevara, del FMLN, dijo que enviaron una nota firmada al jefe de la seguridad de la Asamblea Legislativa para que esta permitiera que una representación del movimiento ingresara al Órgano Legislativo.
La diputada Anabel Belloso, del FMLN, calificó la vigencia del bitcoin como una irresponsabilidad y un capricho del presidente de la República, Nayib Bukele. Señaló que no hay una normativa que proteja a la población de la inseguridad de la criptomoneda.
Belloso señaló que el lunes el bitcoin se cotizaba a $52,656, pero desde que el gobierno anunció la compra de 400 criptoactivos, cayó a $51,043.
“Los salvadoreños hemos perdido alrededor $662,000 en menos de 24 horas”, expresó.
“Conocíamos que el país (el Gobierno) había comprado 400 bitcoins. Ahora amanecimos con la noticia que El Salvador había perdido 320 mil dólares. Se pudieron haber utilizado en subsidio a la energía eléctrica, el alivio a la canasta básica”, indicó Dina Argueta, diputada del FMLN.
Por su parte, miembros del sistema judicial del país pidieron dar marcha atrás a las reformas de la carrera judicial y a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional del pasado 1 de mayo.
Esta marcha salió de plaza Salvador del Mundo, mientras los opositores al bitcoin, desde plaza Morazán.
El magistrado de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, informó que llevaron dos peticiones al recinto legislativo.
“Venimos este día a pedir la derogatoria del decreto que reforma la Ley de la Carrera Judicial destituyendo discriminatoriamente a todas las personas mayores de 60 años y además venimos a pedir la restitución del Estado Constitucional de Derecho mediante la reintegración de los magistrados constitucionales destituidos”, dijo Lizama.
Previo a que una comisión de jueces entrara a la Asamblea Legislativa, el juez Juan Antonio Durán leyó la petición al resto de jueces, organizaciones y personas que acompañaron la marcha.
Los jueces y juezas sólo pueden ser destituidos por faltas graves o por incompetencias, todo proceso disciplinario de jueces y de juezas deberá resolverse de acuerdo a las normas del comportamiento judicial establecidas, que aseguren la objetividad y la independencia, según la Constitución.
“En el caso salvadoreño, la Constitución de la República consagra la inamovilidad y permanencia en el cargo de jueces y magistrados, ello en el artículo 186”, indicó Durán.
El escrito argumenta que si bien los diputados tienen la facultad de destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la remoción debe estar justificada con el debido proceso y tener una causa comprobada.
Asimismo, reclama que la elección de magistrados deberá generarse de una lista, donde la mitad es proveída por el Consejo Nacional de la Judicatura y la otra mitad por las organizaciones de abogados.
Sobre las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, los jueces sostienen que el decreto legislativo 144 aprobado el 31 de agosto tiene vicios de forma y fondo.
El vicio de forma que señalan es que la iniciativa de ley concerniente a la ley de la carrera judicial compete únicamente a la Corte Suprema de Justicia y estas reformas fueron propuestas por el diputado Caleb Navarro. Mientras que el vicio de fondo es que violenta el artículo 186 de la Constitución porque atenta contra la estabilidad de los jueces.
Lizama sostuvo que la marcha de este día no es “como las que están acostumbrados a burlarse”, y dijo son porque la sociedad civil no está de acuerdo con las decisiones de los diputados.
“Esta no es una marcha chiquita como las que están acostumbrados a burlarse, esta es una marcha donde ha venido multitud de personas acompañándonos, jueces y magistrados, diferentes organizaciones de la sociedad civil que no están de acuerdo con las decisiones que se están tomando desde este parlamento”, reclamó el magistrado de la Cámara Ambiental.
