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lunes, 02 de agosto del 2021

Aceptan propuesta de resolver con justicia transicional el primer juicio de guerra en El Salvador

La propuesta emitida por el tribunal, fue aceptada por la víctima y el único victimario que ha sido procesado por este crimen, esto tras incansables cinco años de búsqueda de justicia reparativa.

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A través de los parámetros de justicia transicional y restaurativa, tendrá que ser resuelto el caso de  Armando Durán, quien fuera entre secuestrado entre 1986 y 1987 por miembros de la guerrilla del FMLN, según se propuso en el Juzgado de menores de San Miguel

La propuesta emitida por el tribunal, fue aceptada por la víctima y el único victimario que ha sido procesado por este crimen, esto tras incansables cinco años de búsqueda de justicia reparativa. 

“Declarar la interrupción del desarrollo de la vista de la causa, a efecto que de inmediato, se inicie el proceso de conciliación al que deberá integrarse al estándar de justicia transicional y de restauración que requiere la connotación del presente proceso que hoy se conoce”, señala la resolución del juez.

Con esto, se puede registrar que el victimario relate el hecho y pida perdón a la víctima y su familia, públicamente.

Para poder realizar este proceso de Justicia Transicional, los países o sociedades dejan atrás periodos de conflicto y represión, para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.

Por lo tanto, se reconoce la dignidad de las víctimas y emana de la rendición de cuentas y de la reparación de los agraviados.

Tras 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz, este se convertiría en el primer proceso judicial por un crimen de guerra, que llegaría a su fin, sentando un precedente de justicia y no repetición para el resto de procesos.

Este proceso judicial contra la guerrilla salvadoreña, inició en 2016, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General que impedía la investigación de crímenes ocurridos durante el conflicto armado.

Armando Durán fue la primera víctima en denunciar ante la Fiscalía General de la República, un secuestro sufrido a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en diciembre de 1986 y cuya liberación ocurrió en enero de 1987, tras la negociación con la familia de la víctima.

En este año, la jueza de menores de Usulután resolvió exonerar y absolver al único procesado por el secuestro del empresario Armando Durán, hecho ocurrido hace 34 años, durante la guerra civil en el oriente salvadoreño.

La jueza, tras cinco años de proceso legal contra un exguerrillero, justificó su fallo al afirmar que “el delito prescribió y que nunca fue denunciado en la época”.

Luego de tres días de juicio, el viernes, la jueza dio su sentencia en donde dejó de lado las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, que fueron recabadas en los últimos cinco años.

“La jueza dijo que este no era un delito de lesa humanidad, lo atribuyó como un delito común, no reconoció las pruebas documentales que se habían presentado, no las quiso recibir”, señaló Armando Durán, al salir del fallo judicial en el juzgado de menores de Usulután.

Sin embargo, la medida fue apelada en la Cámara de Menores de San Miguel, entidad que aceptó la postura de la víctima al ordenar la anulación de proceso anterior e iniciar uno nuevo. 

Por lo tanto, fue designado el juez Interino de Menores de San Miguel para que tuviera a su cargo el desarrollo de este juicio por crimen de guerra en El Salvador.

El principal implicado en este hecho es el  Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que  es una de las cinco organizaciones que conformaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la organización de la guerrilla salvadoreña..

Por este caso, fueron denunciados que aún no han sido procesados están: Schafick Hándal (fallecido), Joaquín Villalobos, Francisco Jovel, Eduardo Sancho y al expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

El acusado en el proceso tenía 17 años de edad, al momento de cometer el delito, por ello el proceso se ha llevado en un juzgado de menores, con reserva de su identidad. Según el relato de Durán, el imputado lo vigiló durante sus días de cautiverio.

Durán permaneció 32 días cautivo en los campamentos guerrilleros del ERP, en Usulután, y era constantemente movido de lugar, debido a los bombardeos de la Fuerza Armada.

En su denuncia a la Fiscalía, Durán dijo que los guerrilleros del ERP pusieron su vida en peligro siempre, pues en lugares cercanos a él, fabricaban bombas y armas para atacar a la Fuerza Armada.

Durán fue liberado, luego que su familia entregara dinero, dos plantas eléctricas, dos máquinas para hacer esténcil, 15 piezas de tela verde olivo y 30 vacunas antitetánicas.

Durante las fases del proceso judicial acusado por secuestro, los jueces y cámaras superiores reconocieron el delito como de lesa humanidad, esto permite que el caso no prescriba y pueda someterse al proceso de justicia transicional.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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