La Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes a un total de 3 mil 996 personas, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego.
El proceso que se ha iniciado es en el periodo de 2019 hasta el 27 de agosto de 2021, detalló la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI).
Solo en 2019 se reportaron 1,747 procesos. Las estadísticas muestran que, del total de los casos, 3,788 personas fueron capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en el período de flagrancia (detenido al momento de intentar cometer un ilícito o durante las 24 horas posteriores al hecho).
La DATI registró 1,665 arrestos en 2019, 1,380 en 2020 y hasta agosto de este año consignó 791 aprehensiones. Entre los detenidos está J. W. M. C., de 29 años, conocido en la Mara Salvatrucha como Bala, a quien en mayo de 2019 la PNC lo detuvo junto con otro pandillero en un apartamento situado en la calle Los Bambúes, de la colonia Palo Blanco, del municipio de San Miguel.
En el requerimiento fiscal se lee que previo a la detención obtuvieron información de investigadores sobre que en los alrededores de la referida residencial varios integrantes de la MS-13 utilizaban esos apartamentos para esconderse de la policía.
Tras esa información, los agentes llegaron al lugar y observaron que había grafitis referidos a la pandilla. Los policías iniciaron las inspecciones y en el apartamento 12 estaba el morador del lugar acompañado de dos sujetos con apariencia de mareros.
Del Bala, la investigación refiere que tenía varios tatuajes de la MS y que le incautaron una pistola marca Taurus y 17 cartuchos. También, le decomisaron tres celulares, los que le sirvieron al ministerio público para acreditar ante el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel la pertenencia del capturado a la referida estructura criminal.
El delito de tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego hace referencia al que «tuviere, portare o condujere un arma de fuego sin licencia para su uso o matrícula correspondiente de la autoridad competente.
El que portare un arma de fuego en los lugares prohibidos legalmente en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas; el que entregare o proporcionare un arma de fuego a menores de edad sin ejercer vigilancia ni tomar las medidas de seguridad necesarias, o fuera de los lugares y casos permitidos por la ley». El ilícito está penado con tres a cinco años de cárcel, según determina en el artículo 346 b del Código Penal.
La pena máxima fue la que el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel le impuso al Bala, en septiembre de 2020. Los datos de la PNC dan cuenta de que entre 2019 y agosto de 2021, las armas más incautadas fueron las pistolas (3,621), le siguen los revólve[1]res (1,672), las escopetas (1,100) y los fusiles, de los que se registraron 952.
De acuerdo con las autoridades de Justicia y Seguridad, estos resultados son parte de los logros del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde junio de 2019.
San Salvador es el departamento con más casos de uso ilegal de armas de fuego. Las estadísticas de la DATI reflejan que San Salvador está a la cabeza con el uso ilegal de armas de fuego, en el período estudiado reportaron 1,090 casos: 523 en 2019, 358 para 2020 y 209 en lo que va de 2021. Santa Ana totaliza 391 procesos; La Libertad, 366; San Miguel, 280; Usulután, 276; y Ahuachapán, 254.
Morazán fue el departamento que menos registró con 110. La Fiscalía logró 2,286 condenas, incluida la del exalcalde arenero de Tacuba. Entre enero de 2019 y agosto de 2021, el ministerio público logró que diferentes tribunales condenaran a 2,280 imputados por el referido delito.
Entre los sentenciados por este ilícito está el exalcalde de Tacuba por el partido ARENA Joel Ernesto Ramírez Acosta, de 63 años, a quien el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán le dictaminó tres años de prisión, reemplazados por trabajos de utilidad pública.
El caso inició en agosto de 2017, en el cantón Huatales, de Ahuachapán. En la investigación se detalla que el hecho sucedió en el momento en que agentes policiales ejecutaban un patrullaje preventivo en la zona y una camioneta, proveniente del municipio de Tacuba, no acató la señal de alto, por lo que otros policías en el sector ubicaron nuevamente al vehículo en San Rafael y no atendió la señal de alto una vez más.
Entonces, los agentes le dieron persecución y al final lograron detener al vehículo. En el interior del vehículo se conducían el exalcalde y su acompañante, identificado como Julio Rivera, quienes estaban ebrios.
A Ramírez Acosta le incautaron una subametralladora calibre 9 milímetros, de la cual tenía la documentación en regla. Sin embargo, se encontraba en estado de ebriedad. Mientras que a Rivera le decomisaron una pistola calibre 9 mm, de la cual no tenía licencia de portación.
En mayo de este año, la Policía detuvo al exalcalde arenero por el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con las investigaciones el exalcalde habría mandado a asesinar a su contrincante político en 2015, cuando buscaba reelegirse en el cargo.
