El pasado 10 de mayo muchas madres salvadoreñas celebraron tras las rejas. La peor parte, pagando un crimen que nunca cometieron. La extrema legislación contra el aborto vigente en el país desemboca en un “efecto devastador” en las vidas de decenas de muchas familias. Desde la década de los 90, movimientos y entidades han reiterado la necesidad de reformar la Ley.
Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), envió un mensaje a la Asamblea Legislativa para abogar por la despenalización del aborto y el respetar los derechos humanos de niñas y mujeres en el país.
Según el gabinete de expertos, la prohibición total de la interrupción del embarazo contradice las normas internacionales de derechos humanos y viola las obligaciones internacionales del país.
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, señalaron.
La actual legislación pena cualquier tipo de interrupción del embarazo, incluidos los casos por accidentes o enfermedades congénitas.
Luego de cuatro años tras las rejas y varios meses afrontando el estigma y la persecución judicial, María Teresa pudo celebrar un día de la madre con su hijo. Ella estaba condenada a una pena de 40 años de prisión por “homicidio agravado” tras haber sufrido un aborto espontáneo.
María Teresa podría contar con los dedos de su mano las veces que vio a su hijo, que para entonces rondaba los 10 años desde que fue encarcelada en 2011.
“Cada vez que las autoridades de El Salvador encierran injustamente a una mujer por haber sufrido un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas con el embarazo, condenan también a sus hijos e hijas a una vida de pobreza y trauma”, ha señalado Amnistía Internacional sobre Centroamérica y casos como el de María Teresa.
Actualmente mujeres salvadoreñas están encarceladas tras sufrir abortos espontáneos u otras emergencias obstétricas; señaladas de haberse sometido a abortos ilegales, fueron obligadas a abandonar su hogar. Muchas de ellas sin sostén económico.
Desde que las mujeres son encarceladas, su red familiar debe asumir mantener y cuidar a sus hijos e hijas, a menudo en condiciones extremadamente difíciles.
“Las más afectadas, son casi siempre mujeres que viven en una situación de pobreza y que tienen pocos medios para obtener una defensa legal adecuada”, ha dicho la ONU.
En 2014 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC de la ONU) determinó la penalización total del aborto en El Salvador como una violación de los derechos humanos de las mujeres, especialmente de acuerdo a las obligaciones bajo ese tratado en relación con el derecho a la salud.
De acuerdo con la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, 129 mujeres fueron condenadas por delitos relacionados con el aborto entre 2000 y 2011.
Recientemente, Juliana Cano Nieto, directora adjunta de campañas para las Américas de Amnistía Internacional dijo en una entrevista que el problema principal en torno a que el aborto no esté contemplado que la ley actual afecta más del 50% de la población salvadoreña, es decir, a todas aquellas mujeres que viven en un país con deficiencias en educación sexual y acceso igualitario a una salud reproductiva de calidad.
En aquel momento el Comité llamó la prohibición al aborto una violación de los derechos de la mujer a la salud y al debido proceso, urgiendo al Estado a que “revise su legislación respecto a la total prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad”.
“Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”, remarcó la ONU.
