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miércoles, 04 de agosto del 2021

Abogados indí­genas reclaman a ONU liberación de mapuches presos en Argentina

En su denuncia, aseguraron que los detenidos corren peligro de recibir violencia fí­sica o ser ví­ctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policí­a argentina

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Tres asociaciones de abogados indí­genas en Argentina han reclamado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD) la excarcelación de dos dirigentes mapuches por “peligro inminente”, recurriendo a una “Acción Urgente/Alerta Temprana”, disponible en este mecanismo de la ONU en Ginebra.

Los letrados deploran que la Cámara de Casación Nacional de Argentina, revocó el 15 de mayo pasado “la excarcelación otorgada a Fausto Horacio Jones Huala/Lautaro Alejandro González, otorgada por el Juez Subrogante de San Carlos de Bariloche el 29 de noviembre de 2017”.

Estiman que estos detenidos “están en un peligro inminente de detención arbitraria, pedido de captura, vigilancia, embargo de bienes, persecución policial, denegación a circular libremente, de derecho de viajar, agresión y ejecuciones extrajudiciales”, siempre de acuerdo a la petición elevada, de manera conjunta, por la Asociación de Mujeres Abogadas Indí­genas (AMAI), la Comisión de Juristas Indí­genas de Argentina (CJIRA) y la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indí­gena de Argentina (AADI), cuyo versión integral puede consultarse al pie.

Sus autores agregan que se persigue a estos dos “comuneros mapuches” por supuestamente “pertenecer a un grupo violento/beligerante, que no acatan el orden constitucional, asimilables a conductas descriptas para caracterizarlos como terroristas”, en similitud con los perfiles de “subversivos” atribuidos a revolucionarios de la década del 70, diezmados por la represión de la dictadura militar 1976-1983.

Los abogados añaden que están pendientes apelaciones que han presentado con “pedido de nulidad, recusación de los jueces y del recurso federal”, contra decisiones judiciales en perjuicio de estos dos dirigentes indí­genas, que sufrirí­an “criminalización, estigmatización y discriminación racial”, a raí­z de “judicializar a miembros de comunidades mapuches en el marco del ejercicio de derechos culturales”.

Sobre uno de ellos, Jones Huala, pesa desde marzo pasado una condena de extradición a Chile, por su presunta participación en un ataque incendiario, reprimido violentamente en aquel paí­s, caso cuyos coacusados chilenos habrí­an sido no obstante absueltos, aseguró la abogada chilena Karina Riquelme, en un encuentro con la comunidad chilena de Ginebra en diciembre último.

Los abogados pujan para que la ONU “urja al Estado Argentino prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas contra el Pueblo Mapuche”, y que “garantice el derecho de todos sus miembros a la igualdad ante la ley, sin ningún tipo de discriminación”.

Al propio tiempo exhortan a la ONU para que aliente a la Argentina a “impedir los interrogatorios, las detenciones y los cacheos basados de facto exclusivamente en el aspecto fí­sico del individuo, su color, sus rasgos faciales, su pertenencia a un grupo racial o étnico, o cualquier otra categorización que pueda hacerle particularmente sospechoso”.

Quieren también que “el Estado garantice igual tratamiento en los tribunales, y todos los demás órganos que administran justicia, en atención al grado de vulnerabilidad existente por la ejecución de sentencia que revoca la excarcelación de Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro González”.

Compuesto por 18 expertos independientes, elegidos por el voto de los paí­ses que han ratificado la Convención concernida, este Comité está facultado a tratar casos individuales, y a solicitar “información a los Estados”, tras recibir estas alertas por parte de ví­ctimas que denuncian violaciones, al cabo de lo cual suelen emitir recomendaciones que son obligatorias para los gobiernos.

Los 18 miembros de este Comité provienen de los principales paí­ses de Asia (China, Japón y Corea del Sur). Lo completan un afrodescendiente de Colombia, un indí­gena de Guatemala, un ruso hispanoparlante. una gitana de Hungrí­a, dos negros de ex-colonias francesas en Africa, un turco, un español, una estadounidense, un belga, un brasilero, una jamaicana, una mauritana; y lo preside por un argelino.

Estos expertos, como es de uso en la ONU, no son funcionarios a sueldo de la institución supranacional, no cobran sueldo, solo los viáticos para viajes relacionados con sus mandatos. Sesionan periódicamente en Ginebra, y la próxima reunión donde presumiblemente se abordara la presente alerta será entre el 6 y el 31 de agosto venidero.

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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