Abogados de Pignato: fiscales quieren “remendar” la investigación

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En un tema relacionado, la magistrada Doris Rivas recordó que los informes de probidad de Sánchez Cerén y de Ortiz siguen pendientes.

El proceso contra la exprimera dama y exsecretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, se acerca al lí­mite de tiempo que corresponde para que los fiscales presenten la información y las pruebas que tienen para elaborar su acusación con suficiente fundamento. La fecha lí­mite para hacerlo es el 14 de agosto de este mismo año.

Los abogados que representan a la exfuncionaria, Marvin Flores y Pedro Cruz, advirtieron que los fiscales han pedido ampliar el tiempo lí­mite para presentar pruebas o más información.  Flores y Cruz acudieron al Juzgado Séptimo de Instrucción a presentar una revocatoria de la solicitud que hicieron los fiscales para extender el plazo. Señalan que es contra el debido proceso.

Según Flores, los fiscales tení­an “desde finales de 2015 para recolectar elementos para el peritaje”, es decir, para recolectar todo el material que analizará un grupo de expertos probados en la materia, conocidos como peritos. “Ni siquiera la información bancaria de los acusados ha sido incorporada en este proceso”, criticó además Flores.

Vanda Pignato está acusada de participar en una red de corrupción que según la Fiscalí­a General de la República (FGR), operó durante el Gobierno del expresidente de Mauricio Funes (2009-2014).  Dentro de esta red, la FGR calcula que se malversaron US$351 millones en fondos públicos, de los cuales, a Pignato se le acusa por haberse beneficiado con US$165,000 y la compra de un automóvil con dinero en efectivo.  Este caso llegó a los tribunales durante la gestión del exfiscal general Douglas Meléndez.

Pignato guarda prisión domiciliar. Su estado de salud es frágil.

Cruz, uno de los abogados de Pignato, explicó que “si se procesa a alguien de lavado, lo primero que se tiene que hacer es presentar información bancaria. El primer dí­a”. Pero estos documentos todaví­a no están como parte de las pruebas. “Están tratando de remendar, para decirlo en términos salvadoreños, la chambonada de investigación”, agregó Cruz.

El equipo defensor también presentó una segunda revocatoria. Este recurso es una respuesta a la solicitud que hicieron los fiscales, para pedir que los testigos criteriados del proceso contra Pignato declaren antes de llegar a las audiencias.

Un testigo criteriado es una persona que presenció cómo se cometió un delito en particular, pero que tiene la disposición de entregar información a cambio de que no le apliquen las mismas sanciones que a los demás involucrados.

Flores y Cruz afirman que no procede que los criteriados adelanten su testimonio; al menos, no en el caso de Pignato. “No forman parte de lo que el debido proceso legal establece”, señaló.

Incluso, recordaron que ya se ha señalado al exfiscal general Meléndez por “presiones indebidas que se hicieron sobre los testigos durante la etapa de entrevista”. Uno de los criteriados que rindió testimonio para la acusación contra el expresidente Funes, de hecho, ya demandó a Meléndez.

Por este contexto es que los abogados defensores de Pignato afirman que los testigos criteriados no son del todo confiables.

Informes de probidad pendientes

Siempre dentro de temas relacionados con la corrupción, la magistrada presidente de la Sala de lo Penal, Doris Rivas, habló sobre los casos en Probidad que están pendientes de revisar.

“Está pendiente en la agenda, pero todaví­a no se ha deliberado al respecto, el caso de exvicepresidente, el señor (Óscar) Ortiz y el expresidente (Salvador) Sánchez Cerén”, dijo la magistrada Rivas.

También ha quedado en una etapa más avanzada el informe de Sigfrido Reyes. Los miembros de la Corte Plena tienen que votar si al final consideran que debe haber antejuicio, o no.

En teorí­a, después de 10 años, ya no es posible iniciar un caso penal por delitos como la corrupción. Rivas, no obstante, comentó que sobre este tema hay “algunas resoluciones, que tendrán que irse aclarando al respecto”.

Rivas participó en un foro organizado por Cristosal, la Fundación del Debido Proceso, más otras organizaciones, sobre la aplicación de la Justicia Internacional en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

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