A. Muyshondt concilia con conductora agredida y sigue proceso judicial en libertad

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La medida surge luego que la jueza aceptara, que Muyshondt entregara $2 mil 500 para que finalizara el proceso por los delitos de hurto, daños y amenazas con agravación especial.

El asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Muyshondt, y las mujeres que fueron víctimas de agresión de parte del funcionario conciliaron este miércoles en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.

La medida surge luego que la jueza aceptara, que Muyshondt entregara $2 mil 500 para que finalizara el proceso por los delitos de hurto, daños y amenazas con agravación especial.

De igual forma fue exonerado de los cargos de expresiones de violencia contra la mujer, ya que las mismas víctimas manifestaron que no se dieron expresiones de violencia de esa naturaleza, y por el de delito de uso irresponsable de armas, comprobaron que tenía todos los documentos en regla.

Sin embargo, el caso pasara a fase de instrucción por el delito de resistencia, pero este proceso lo hará bajo medidas sustitutivas a la detención. El guardaespaldas del funcionario también queda bajo las mismas medidas.

El hecho sucedió en el momento, en el que un carro donde se transportaban dos mujeres, quedó varado en frente de la casa de Muyshondt.

Esta acción fue mal vista por el asesor, quien destruyó los parabrisas del automóvil mientras la pareja había ido a traer combustible a una gasolinera cercana.

Habían pasado pocos minutos cuando vieron lo sucedido, por lo cual lo cuestionaron. Ante esto, las intimidó con armas de fuego junto con dos de sus guardaespaldas.

Las mujeres llamaron al 911 que llegó al lugar y constataron los daños al carro de las víctimas; Muyshondt cuando vio la presencia policial intentó escapar pero fue detenido.

Según la información oficial, el funcionario fue remitido a las instalaciones del 911 en la colonia Monserrat.

No es la primera vez que Muyshondt es capturado por un acto de intolerancia, ya que el 20 de noviembre del 2014 fue detenido en la colonia Médica por amenazar con un arma de fuego al conductor de un autobús.

Tras un proceso judicial, el 15 de abril de 2015 ambas partes conciliaron y el imputado debió pagar una determinada cantidad de dinero al empleado del transporte colectivo.

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