El desplazamiento forzado interno en El Salvador no es nuevo. Esa movilidad es histórica, pero para establecer una fecha que nos ayude a realizar un par de reflexiones, partiremos de la masacre campesina de 1932. En ese año, luego de la casi desaparición de los pueblos indígenas en nuestro país realizado por el general Maximiliano Hernández Martínez, la cual se estima en miles, sin poder establecer cifra exacta, aunque para tener una idea diremos que algunos investigadores expresan que la matanza fue de entre 10,000 a 30,000 personas perteneciente a población indígena.
Lo que si podemos decir con certeza es que todavía quedan algunos sobrevivientes, aunque lógicamente cada vez son menos y siguen teniendo mucho miedo de hablar de aquellos sucesos. Esa matanza generó un enorme desplazamiento, forzado en aquella época por la represión del régimen militar, que, en los meses posteriores, siguió asesinando a cuanto hombre vestidos con traje típico campesino se encontraran, con rasgos físicos indígenas o portara un machete.
El levantamiento campesino de 1932 en El Salvador fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó en etnocidio. Fue una forma de demostrar que el control del territorio nacional lo tenían los militares. El Salvador es el país donde más tiempo duró una dictadura militar sin interrupción en Latinoamérica, (5 décadas). También durante el conflicto armado en El Salvador, hubo desplazamiento forzado interno, debido a las acciones de la guerra, pero especialmente debido al accionar de los cuerpos de seguridad represivos como la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, tan temidas como odiadas, más los escuadrones de la muerte.
Con la estrategia de guerra llamada “quitando el agua al pez” utilizada durante el conflicto armado por el Ejército salvadoreño que se inspiró en el conocido concepto maoísta que dice “la guerrilla, apoyada por el pueblo, se desenvuelve dentro de éste como pez en el agua”, y puso en práctica la estrategia de “quitar el agua al pez”, es decir, destruir las comunidades que pudieran apoyar a la guerrilla para que ésta no pudiera sostenerse con el apoyo popular.
En el informe Especial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre masacres de población civil ejecutadas por agentes del Estado en el contexto del conflicto armado interno ocurrido en El Salvador entre 1980 y 1992, estableció que estas masacres ocurrían en el marco de operativos militares que tuvieron como uno de sus objetivos el exterminio masivo de personas civiles, incluyendo mujeres, niños y adultos mayores, como parte de una aberrante estrategia militar conocida como “tierra arrasada”.
Otra deuda histórica en nuestro país es no contar con un registro certero de cuántas masacres hubo durante el conflicto civil y en donde ocurrieron. Estas masacres provocaron también desplazamiento forzado interno en el país en dimensiones que no han sido estudiadas para comprender la magnitud del fenómeno. Actualmente, se sigue sufriendo de desplazamiento forzado que según organizaciones de derechos humanos es provocado por la violencia social entre pandillas, y los cuerpos de seguridad por la aplicación de políticas represivas como forma de combate a la violencia. ¡Este sufrimiento no es nuevo!