El presidente de la junta directiva de Industrias St. Jack’s, Rolando Simán Jacir, se enfrentará a un juicio por el delito de contaminación ambiental agravada, según determinó el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla en la audiencia preliminar celebrada en octubre.
El proceso penal surge a raíz de los acontecimientos ocurridos el 4 de julio del 2022, cuando el Ministerio de Medio Ambiente detectó una coloración rojiza en la quebrada El Piro. Tras análisis, se determinó que dicha coloración estaba relacionada con una sustancia utilizada en la manufactura textil. Ante ello las autoridades determinaron que la textilera St. Jack’s habría aprovechado el incremento de los caudales de los receptores de agua, generado por las lluvias, para descargar los residuos químicos.
A pesar de la solicitud de suspensión condicional del procedimiento presentada durante la audiencia, el juez determinó que no procedía, basándose en las pericias ambientales que apuntaban a una actitud dolosa por parte del acusado.
Cabe destacar que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la defensa técnica presentaron pruebas que fueron aceptadas por el juzgado y que serán evaluadas durante la audiencia de vista pública por un tribunal de sentencia.
En cuanto a la situación jurídica de Rolando Simán Jacir, se mantendrá bajo medidas sustitutivas a la detención hasta que se celebre el juicio.
Señalamientos de la FGR
Según dijo el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en la “Entrevista A. M.”, en el allanamiento realizado, el pasado 5 de julio, a las instalaciones de la referida industria textilera se encontró una pila de oxidación con los mismos residuos que fueron encontrados en la quebrada El Piro.
También, el funcionario señaló que los residuos químicos de la producción textil eran trasladados hacia los receptores de agua en colaboración con una asociación de empresarios y residentes del Plan de la Laguna.
Además, el Fiscal General de la República aseguró que la empresa “se comprometió desde el año 2001 a instalar una planta de tratamiento e incluso mencionaron que esta planta de tratamiento en aquel entonces iba a costar menos de un millón de dólares, posteriormente les fue bien a ellos en el negocio y siguieron produciendo; produjeron más pero al mismo tiempo contaminaban más, porque nunca construyeron la planta de tratamiento de aguas residuales, a la cual ellos se comprometieron, ante el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el año 2017 les hacen una auditoría, esta auditoría se le entregaron en sus manos al representante legal de la empresa. El problema continúa y han sido al menos, lo que se tiene registro, han sido por lo menos 21 años de que este tipo de aguas se están siendo vertidas desde esa esa fábrica”.