Insultos, gritos, tortura física y psicológica y hasta la misma muerte son algunas de las formas que un hombre tiene para violentar a una mujer en El Salvador; es esa última opción la que ha cobrado la vida de 5,227 mujeres en doce años.
La cifra es la suma de los datos brindados por el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Policía Nacional Civil (PNC) entre los años 2003 y 2015.
“La cifra es alarmante pero no dimensiona la magnitud de la violencia contra las mujeres debido a que estamos seguras que hay un sub-registro de feminicidios. Sí, las cifras oficiales son preocupantes, pero detrás de eso hay muchas mujeres que han muerto a manos de su pareja, que no reciben atención médica y no se toman en cuenta; además están las mujeres desaparecidas”, dijo Vilma Vaquerano, del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
Vaquerano enfatizó en que a las mujeres asesinadas no solo se les violentó el derecho a la vida, sino que “es casi seguro” que antes de morir fueron abusadas física, psicológica y hasta sexualmente.
La representante del ORMUSA señaló que los feminicidios representan un costo familiar porque detrás de muchas ellas hay hijos e hijas que quedan en la orfandad “existe un núcleo familiar que les lloran, que resiente su pérdida”; afirmó que en muchos de los casos no hay seguimientos psicológicos para estas familias.
Asimismo afirmó que hay un costo económico no solo para las familias sino para el Estado porque la mayoría de asesinadas son mujeres entre los 18 y 35 años, es decir que “están en su edad productiva”, aclaró.
Para la defensora de los derechos humanos, Morena Herrera, el feminicidio es la culminación de una cadena de violencia que muchas mujeres viven desde temprana edad porque “ha sido naturalizada”, razón por la cual escapa a la vista de quienes rodean a la mujer violentada.
Señaló que hay muchas mujeres que ante cualquier acto de violencia prefieren el silencio porque “A las mujeres se nos acostumbra a vivir así, se normaliza la violencia contra las mujeres”. Enfatizó en que una de las formas de violencia que más se oculta es la sexual “muchas mujeres llegan a su edad adulta y es hasta entonces que confiesan haber sido violadas”, dijo. Solo en 2015 la PNC recibió 1,728 denuncias por delitos sexuales.
Existe resistencia a calificar feminicidios
Si bien es cierto en el país existen leyes que amparan a las mujeres y abogan por una vida libre de violencia, para las defensoras de los derechos de las mujeres, aún hay una deuda para este sector de la población salvadoreña, por diversas razones, por un lado por la visión machista de quienes analizan los casos de violencia contra las mujeres; además porque los actores que se encuentran involucrados para que haya amparo y justicia para las mujeres fácilmente desvalorizan casos de violencia contra la mujer.
Para Herrera, por ejemplo, aún hay resistencia de muchos jueces para reconocer como feminicidios la muerte de mujeres “(“¦) son escasos los casos donde se retoma la categoría de feminicidio ahí en parte es porque hay resistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y del sistema judicial”.
Tanto Herrera como Vaquerano coinciden en que muchos los feminicidios ni siquiera fueron judicializadas, no se identificó el móvil, ni a los agresores, y aseguran que este nivel de impunidad también representa una deuda importante del Estado en cuanto al acceso a la justicia”. “El sistema judicial no está respondiendo a la problemática de violencia contra las mujeres”, expresó Herrera.
2016 un año preocupante por alza de feminicidios
El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, manifestó su preocupación e indignación por el alza de feminicidios que se está dando en El Salvador. La reacción del procurador se da luego de los asesinatos de dos mujeres y una niña, de cuatro meses de edad, ocurrido este 12 de abril en la colonia Santa Marta del municipio de Ciudad Delgado, San Salvador.
Las víctimas fueron identificadas como Marisol Méndez de 42 años y quien se encontraba en estado de embarazo; su hija, Alexia Rivera de 22 años y su nieta Valentina Rivas.
El titular de la PDDH demandó a la FGR que investigue y esclarezca este crimen, así como de otros relacionados con la violencia contra las mujeres por razones de género “adoptando un criterio de especialidad en la materia y bajo un enfoque de derechos humanos”.
Morales señaló que estos actos dejan en evidencia “la saña, odio, maldad y violencia irracional con la que operan las estructuras criminales que están atacando a la sociedad”.
El pasado 4 de abril en la colonia Quezaltepeque, Santa Tecla, también fueron asesinadas tres mujeres de una misma familia. Las autoridades las identificaron como Olga Lidia Salinas de Cardona, de 45 años; y a sus hijas Katherin Alejandra, de 18; y Olga Sofía, de ocho años. Por este crimen ya fueron capturadas cuatro personas quienes fueron decretados con detención provisional hasta que las investigaciones concluyan.
El procurador reiteró su llamado a las autoridades correspondientes a que impulsen políticas de seguridad con enfoques integrales y que den prontas respuestas a este fenómeno complejo de la violencia “con el fin de combatirla con la contundencia necesaria, pero desarrollando al mismo tiempo los ejes de prevención, inclusión y sobre todo la protección y asistencia a las víctimas y al mismo tiempo que no prevalezca la impunidad”.
