El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio le dio inicio a la audiencia preparatoria, donde la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que 22 inmuebles incautados al exdiputado suplente, William Eliú Martínez, pasen en beneficio del Estado debido a que presuntamente fueron adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico.
Actualmente, Martínez lleva 14 años guardando prisión en el centro penal de Zacatecoluca, La Paz, conocido como Zacatraz, luego que en 2006 un tribunal de Washington, Estados Unidos, lo encontrara culpable de haber trasladado 5 toneladas de cocaína a esa nación desde 1998 por medio de la organización de tráfico de drogas del guatemalteco Otto Herrera. En total, el exfuncionario debe pagar una pena de 29 años tras las rejas.
En esa ocasión, el juez le indicó que “tuvo suerte” de tener antecedentes de buena persona porque de lo contrario le tocaría cadena perpetua.
Para el exdiputado su vida cambió cuando agentes de la DEA, lo arrestaron a finales de 2003 en Panamá. Los agentes estadounidenses y connacionales le seguían la pista desde sus propiedades de playa en el departamento de La Paz.
Según las investigaciones, Martínez dirigía un grupo de narcotraficantes que fingían ser biólogos para ocultar el trasiego de droga desde Colombia hacia Estados Unidos. Los miembros del cartel del Golfo transportaban piedras y arena, supuestamente para construir un estanque para cultivar especies marinas.
Este trabajo ilícito, le llevó a tener buen nivel adquisitivo que decidió crear la sociedad AMRA, S.A. de C.V., constituida el 16 de octubre de 2000, y en ella el exdiputado era el propietario con el 99% de acciones y el 1% era de una de sus hijas. En este caso, el giro de la empresa es actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados no clasificados previamente.
Según la Fiscalía General de la Republica, la empresa presentó un incremento patrimonial no justificado, ya que en 2003 adquirió un inmueble con un valor de $50,000 y lo mejoró sin hacer ningún préstamo a entidades bancarias.
Por lo tanto, las autoridades nacionales tuvieron que realizar las labores respectivas, para poder solicitar que los inmuebles y productos financieros relacionados a él pasaran a manos del Estado, porque no fue juzgado en El Salvador.
Los esfuerzos dieron frutos en 2016, fecha en la cual lograron incautar 22 inmuebles, los cuales habrían sido obtenidos de manera ilícita antes de que él se desempeñará como diputado suplente, ya que “no tenía fuentes lícitas conocidas”.
Los locales confiscados están valorados entre $7,000 y $17,000. Entre las propiedades figura un hotel en San Salvador.
El condenado fue diputado suplente bajo la bandera del extinto Partido Acción Popular en periodo de 2000 a 2003.
