La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, logró hoy importantes avances en el estudio del proyecto de ley para la Atención Integral de Personas en Condiciones de Desplazamiento Forzado Interno.
Han llegado al artículo 32 de la propuesta original que tiene 40. Se han hecho modificaciones y artículos suprimidos. Pero lo más importante, dijo el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Javier Valdez, es que por ejemplo lograron acuerdos como las funciones del Comité Técnico y del Sistema, que se encargarán de defender y proteger a las personas que resulten víctimas del desplazamiento forzado.
En la próxima sesión, es decir, el lunes de la otra semana se entra de lleno a la discusión del presupuesto o financiamiento de la nueva ley.
“El tema de los fondos y de dónde saldrá el dinero es el tema más delicado y en donde se debe dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal”, precisó.
El tema del financiamiento está contemplado en el artículo 36 del proyecto de ley, que será discutido la otra semana.
El efemelenista sin embargo, reiteró que los mecanismos de atención a las personas ya están definidos y han logrado consenso en la instancia legislativa y que podrán ser de oficio, a petición de parte de organizaciones públicas, privadas, alcaldías y organizaciones de la sociedad civil.
También se creará una dirección que tendrá como objetivo difundir todas las políticas que estén relacionadas con el desplazamiento forzado por la violencia.
Sobre la propuesta que hizo CRISTOSAL de aumentar el Impuesto ad valorem a las armas de fuegos para obtener recursos financieros, será incluido la otra semana, dijo Valdez, ya que puede contribuir a lograr un acuerdo en esa materia.
Pero lo importante, es que ya se tiene claro cómo funcionará el aspecto de la institucionalidad y todos los entes rectores que se encargarán de atender a las personas que han tenido que abandonar sus lugares de residencia por las amenazas de grupos delincuenciales.
“Estamos positivos e incluso en la última sesión plenaria, se podría pasar un dictamen favorable, y si logramos avanzar en el tema del financiamiento prácticamente damos por terminado el trabajo en esta materia”, vaticinó.
Si bien, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quedó fuera de la ley, Valdez recordó que dentro de sus potestades constitucionales puede hacer sus evaluaciones con base a sus criterios, si se están cumpliendo las normas establecidas en la ley.
La Unidad Técnica Ejecutiva del sector Justicia (UTE), sí queda en la ley ya que tiene esa potestad en la Ley de Protección de Víctimas y Testigos.
El presidente de la Comisión de Legislación, Mario Tenorio, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), dijo que el objetivo es el de terminar con la propuesta antes de que finalice el año y que sea aprobada en la última plenaria, coincidiendo con ello con su homólogo del FMLN.
