Por Alonso Rosales
Paraguay atraviesa una de las mayores crisis políticas y financieras de su historia reciente. Este viernes 6 de noviembre de 2026, el Senado destituyó al presidente Santiago Peña mediante un juicio político, después de declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones por presuntas irregularidades relacionadas con el colapso de Ueno Bank. Horas después, la Fiscalía ordenó su detención y las autoridades confirmaron que quedó bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación penal.
La destitución fue aprobada por unanimidad de los 44 senadores presentes, en una sesión que marcó el final anticipado del mandato de Peña, quien había llegado al poder en agosto de 2023.
Las acusaciones legislativas apuntan a presuntas conexiones entre el mandatario y el grupo empresarial vinculado a Ueno Bank, así como al supuesto direccionamiento de fondos públicos hacia la entidad financiera y posibles omisiones de los organismos reguladores. Peña ha negado haber cometido irregularidades.
La crisis bancaria estalló después de que las autoridades financieras intervinieran Ueno Bank, institución que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes. El congelamiento de cuentas y tarjetas provocó preocupación entre los ahorradores y protestas ciudadanas que exigían recuperar sus depósitos y establecer responsabilidades.
Pedro Alliana, nuevo presidente
Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay y asumirá la responsabilidad de completar el período constitucional hasta agosto de 2028.
Alliana, de 52 años, pertenece a la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), fue gobernador del departamento de Ñeembucú y presidente de la Cámara de Diputados. Su primera prioridad será atender las consecuencias de la crisis financiera y garantizar respuestas a los depositantes afectados.
El nuevo mandatario prometió impulsar medidas para compensar a los ahorradores, especialmente a los sectores más vulnerables.
Una crisis con repercusiones regionales
La caída de Peña representa un terremoto político para Paraguay y abre interrogantes sobre la relación entre poder político, intereses empresariales y supervisión financiera.
La investigación penal deberá determinar responsabilidades individuales. La detención del expresidente no equivale a una condena, pero coloca al país ante un proceso judicial y político de enorme trascendencia institucional.
Fuentes: Associated Press (AP), Reuters, EFE y ABC Color.
