Zarko Pinkas |
La participación política de los ciudadanos árabes en las elecciones en Israel, la comparación con la Sudáfrica segregacionista y el papel de Naciones Unidas obligan a examinar una de las etiquetas más repetidas en el debate sobre Oriente Medio.
Hay conceptos que, de tanto repetirse en el debate político, terminan convertidos en consignas. Apartheid es uno de ellos. Se utiliza para describir a Israel como si la comparación con la Sudáfrica de la segregación racial resolviera, por sí sola, la complejidad de un conflicto histórico, territorial, religioso y político. Pero ¿hasta qué punto esa analogía explica la realidad israelí? ¿Y qué ocurre cuando los hechos no encajan cómodamente en el discurso de quienes la repiten?
En la Sudáfrica del apartheid, la segregación racial constituía la estructura fundamental del Estado. La población negra carecía del derecho a participar en igualdad de condiciones en el poder político nacional y estaba sometida a restricciones sistemáticas de residencia, movilidad y derechos civiles. La exclusión no era una consecuencia secundaria: era el principio organizador del régimen.
Israel presenta una realidad política diferente. Sus ciudadanos árabes pueden votar, integrar partidos políticos, ocupar escaños parlamentarios y participar en la competencia electoral. En 2021, Ra’am, el partido islamista árabe dirigido por Mansour Abbas, se incorporó formalmente a la coalición que respaldó el Gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid. Fue la primera vez que un partido árabe independiente formó parte de una coalición gobernante israelí. No es una interpretación: es un hecho político documentado.
Y el asunto no termina ahí. En las elecciones de octubre de 2026, los partidos árabes volvieron a adquirir un peso parlamentario decisivo. La posibilidad de que sus representantes resulten determinantes para formar Gobierno demuestra que la participación árabe no es una ficción institucional. La discusión sobre si los partidos de la oposición están dispuestos a negociar con ellos revela, además, que la integración política existe, aunque también enfrenta resistencias.
¿Significa esto que no hay discriminación contra los ciudadanos árabes de Israel? No. ¿Que todas las políticas del Estado garantizan una igualdad perfecta? Tampoco. Pero sí significa que la comparación con Sudáfrica debe argumentarse, no imponerse como una verdad que no admite discusión.
El problema es que buena parte del debate mezcla realidades diferentes: los ciudadanos árabes de Israel, los palestinos de Gaza y los habitantes de Cisjordania bajo ocupación. No tienen la misma situación jurídica, los mismos derechos políticos ni las mismas condiciones de vida. Las denuncias relacionadas con la ocupación, los asentamientos y las restricciones impuestas a los palestinos merecen examen. Pero convertir esas situaciones distintas en una descripción indiferenciada de todo Israel también es una forma de simplificación.
Gaza, por su parte, no puede analizarse como si el 7 de octubre de 2023 nunca hubiera ocurrido. Hamás perpetró un ataque terrorista contra Israel, asesinó a civiles y tomó rehenes. La amenaza de una organización que ha demostrado su disposición a atacar deliberadamente a la población civil explica parte de la lógica de seguridad israelí. Eso no convierte cualquier respuesta militar en legítima ni exime al Gobierno de Benjamin Netanyahu de sus responsabilidades. Seguridad y legalidad son cuestiones que deben examinarse conjuntamente.
También conviene recordar que Israel retiró en 2005 a sus fuerzas y evacuó a sus colonos de la Franja de Gaza. La retirada no produjo una paz duradera, y Hamás terminó imponiéndose como autoridad de facto en el territorio en 2007. La historia posterior, incluida la militarización de Gaza y el ataque de 2023, demuestra el fracaso de aquella retirada para resolver el conflicto. No demuestra, sin embargo, que toda la población palestina sea responsable de las decisiones de Hamás ni que sus necesidades civiles puedan ignorarse.
En este contexto, Naciones Unidas tampoco puede quedar al margen de la crítica. Su Consejo de Seguridad conserva una estructura heredada de 1945, con cinco potencias que disponen de derecho de veto. No es una institución democrática en el sentido de que cada Estado tenga la misma capacidad efectiva de decisión. Sus resoluciones y sus organismos merecen escrutinio, especialmente cuando sus conclusiones tienen consecuencias políticas internacionales.
El 26 de octubre de 2026, en vísperas de las elecciones israelíes, una comisión de investigación de la ONU publicó nuevas conclusiones extremadamente graves contra Israel. La proximidad temporal merece una pregunta legítima sobre el impacto político de esas publicaciones. No basta, sin embargo, para probar que existiera una intención de intervenir electoralmente. Precisamente por eso hay que examinar la metodología, las fuentes, las competencias y las conclusiones de cada organismo, en vez de aceptar sus afirmaciones como sentencias definitivas o descartarlas sin leerlas.
La acusación de genocidio exige la misma precisión. Las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia en el caso iniciado por Sudáfrica no equivalen a una sentencia definitiva que haya establecido la responsabilidad de Israel por genocidio. El procedimiento continúa. Tampoco es riguroso afirmar que las cifras de víctimas o las denuncias de hambre carecen de valor simplemente porque parte de la información procede de autoridades de Gaza: deben contrastarse con las fuentes disponibles, los métodos de verificación y las evaluaciones independientes.
Defender a Israel como Estado no obliga a defender a Netanyahu. Su Gobierno puede ser criticado por sus decisiones, sus errores de seguridad, sus alianzas políticas y su estrategia militar. De hecho, es posible apoyar la existencia de Israel y considerar que su primer ministro ha contribuido a prolongar un conflicto que no ha sabido resolver. La crítica a un gobernante no debe confundirse con la legitimidad del Estado que dirige.
La pregunta, entonces, sigue abierta: ¿es riguroso llamar apartheid a Israel sin distinguir entre sus ciudadanos árabes y los palestinos de los territorios ocupados, sin comparar las estructuras políticas y jurídicas y sin discutir los elementos concretos de la definición internacional? La respuesta no puede depender de una consigna ni de la autoridad automática de una organización.
El extraño apartheid de Israel es, ante todo, una invitación a recuperar el análisis. Si se pretende establecer una equivalencia con la Sudáfrica segregacionista, hay que demostrarla con hechos y argumentos jurídicos, no mediante la repetición de una etiqueta. La libertad de expresión permite cuestionar a Naciones Unidas, a los gobiernos israelíes y a quienes denuncian sus políticas. La misma libertad exige que las afirmaciones, vengan de donde vengan, puedan ser discutidas y contrastadas.
Israel no necesita que se silencien las críticas para defender su legitimidad. Necesita que se lo examine con el mismo rigor que a cualquier otro Estado, sin dobles raseros, sin absoluciones automáticas y sin convertir una acusación política en una conclusión judicial.
