Redacción ContraPunto
El Gobierno de El Salvador publicó los criterios operativos y procedimentales para aplicar la denominada Quincena 25, una prestación económica adicional destinada a trabajadores que perciben salarios mensuales de hasta 1,500 dólares. La medida será obligatoria para el sector privado a partir de enero de 2027, mientras que para los empleados públicos ya se estableció su aplicación obligatoria desde 2026.
Las disposiciones fueron aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante el Instructivo número 01/2026, publicado en el Diario Oficial el 14 de septiembre de este año. El documento establece las condiciones para determinar quiénes tienen derecho al beneficio, cómo debe calcularse y cuáles son las excepciones previstas en la normativa.
La Quincena 25 equivale al 50 % del salario nominal mensual del trabajador cuando corresponde el pago completo. Su entrega debe realizarse entre el 15 y el 25 de enero de cada año y constituye un ingreso adicional al salario ordinario y al aguinaldo.
De acuerdo con la normativa, el dinero debe entregarse íntegramente, sin descuentos del Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Asimismo, el beneficio no puede ser objeto de embargo.
¿Quiénes tienen derecho a recibir la Quincena 25?
El requisito salarial general establece que el trabajador debe percibir un sueldo nominal igual o inferior a 1,500 dólares mensuales. Sin embargo, cumplir con ese límite no garantiza automáticamente el pago, porque también deben satisfacerse las condiciones relacionadas con el tiempo de servicio y la situación laboral de cada empleado.
En el sector privado, los trabajadores que hayan cumplido al menos un año de labores al 14 de enero tendrán derecho al pago completo, siempre que reúnan los demás requisitos legales. Quienes tengan menos de un año de antigüedad podrán recibir una cantidad proporcional al tiempo trabajado.
El instructivo también contempla que las faltas injustificadas o las medidas disciplinarias no eliminan por sí mismas el derecho de los empleados privados a esta prestación, de acuerdo con el criterio aplicado a las reglas del aguinaldo.
En el caso de los empleados públicos y municipales, las condiciones presentan diferencias. Para obtener el pago completo, se requiere haber acumulado al menos seis meses de servicio al Estado durante el año correspondiente, además de cumplir las disposiciones relacionadas con suspensiones por faltas en el servicio o destituciones.
La normativa contempla supuestos de pago proporcional para determinados trabajadores públicos que, debido a licencias prolongadas, no alcancen el período requerido, pero hayan prestado servicios durante al menos un mes, conforme a las condiciones establecidas en el instructivo.
¿Cuánto dinero recibirán los trabajadores?
El monto dependerá del salario nominal que perciba cada empleado al momento de hacerse efectivo el pago y de si cumple las condiciones para recibir la prestación completa o proporcional.
Por ejemplo, un trabajador que gane 400 dólares mensuales y tenga derecho al pago completo recibirá 200 dólares adicionales. Quien perciba 800 dólares obtendrá 400 dólares, mientras que un empleado con un salario de 1,200 dólares recibirá 600 dólares.
En el caso de una persona que gane exactamente 1,500 dólares mensuales, el beneficio completo ascendería a 750 dólares.
Estas cantidades corresponden a ejemplos de cálculo y no significan que todos los trabajadores con esos salarios recibirán automáticamente el monto completo, pues deben verificarse los requisitos legales aplicables.
Renuncias, despidos y exclusiones
Las disposiciones también regulan las situaciones en las que termina la relación laboral. Si un trabajador renuncia o es despedido, el monto completo o proporcional que le corresponda deberá incorporarse a su liquidación, según el tiempo acumulado y las condiciones establecidas en la normativa.
Entre las principales exclusiones figuran las personas que perciben salarios superiores a 1,500 dólares mensuales, los pensionados y quienes no reúnen los requisitos de elegibilidad. El instructivo también contempla restricciones relacionadas con determinadas licencias sin goce de sueldo, mientras mantiene el beneficio para las licencias por enfermedad debidamente comprobada.
Por esa razón, los trabajadores deberán revisar tanto su salario como su antigüedad y situación contractual para determinar si tienen derecho al pago y cuánto les corresponde recibir.
Un beneficio laboral con implicaciones económicas
La Quincena 25 fue presentada como una medida para fortalecer los ingresos familiares y estimular la actividad económica durante enero, un período en el que muchos hogares enfrentan gastos acumulados después de las celebraciones de fin de año.
El pago adicional podría contribuir a cubrir deudas, adquirir bienes esenciales o financiar gastos educativos y familiares. También puede impulsar el consumo interno, especialmente en comercios, supermercados y pequeños negocios.
No obstante, su aplicación obligatoria en el sector privado desde 2027 plantea interrogantes sobre los costos laborales para las empresas, particularmente para las micro, pequeñas y medianas unidades económicas, que cuentan con menores márgenes financieros que las grandes compañías.
La normativa contempla incentivos tributarios para los empleadores en los términos establecidos por la legislación fiscal. Sin embargo, el efecto final dependerá de la capacidad de las empresas para absorber el costo, de su situación financiera y de la evolución de la actividad económica.
El desafío será garantizar que la prestación llegue efectivamente a los trabajadores que cumplen los requisitos, sin generar incumplimientos ni confusiones en su aplicación. Para ello, la claridad de las reglas, la información pública y la supervisión de las autoridades laborales serán fundamentales.
Con la publicación del instructivo, el Gobierno busca uniformar los procedimientos para aplicar la Quincena 25 en los sectores público y privado. La medida representa un ingreso complementario para los trabajadores beneficiarios, pero su alcance real dependerá del cumplimiento de las condiciones legales y de una implementación transparente.
Fuentes consultadas:
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Instructivo 01/2026 sobre criterios operativos y procedimentales para la aplicación de la Ley Especial Quincena Veinticinco.
- Asamblea Legislativa de El Salvador, información oficial sobre la aprobación de la Ley Especial Quincena Veinticinco, Decreto Legislativo n.º 499, del 14 de enero de 2026.
