Por Alonso Rosales
Venezuela se ha convertido en uno de los experimentos geopolíticos más importantes de América Latina. La caída de Nicolás Maduro no produjo, al menos hasta ahora, la transición democrática que muchos venezolanos esperaban. En su lugar, Washington ha encontrado en el petróleo el principal instrumento de negociación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
El nuevo mapa energético explica buena parte de esta transformación.
El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela coloca bajo control mayoritario estadounidense el desarrollo de reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles, una cantidad superior a las aproximadamente 46.000 millones de barriles de reservas probadas de Estados Unidos. La Casa Blanca lo presenta como una de las mayores operaciones petroleras de la historia y como una herramienta para recuperar la industria venezolana, garantizar suministro energético y contribuir a reconstruir el país.
Pero detrás de los números existe una pregunta mucho más profunda: ¿qué recibe Venezuela a cambio de entregar a Washington una posición privilegiada sobre una parte estratégica de su principal riqueza nacional?
La respuesta de Delcy Rodríguez es que el petróleo puede convertirse en el motor de la recuperación económica. Su gobierno sostiene que las inversiones estadounidenses permitirán reconstruir instalaciones, aumentar la producción, generar empleo y recuperar ingresos fiscales. El acuerdo contempla inversiones potenciales de hasta 100.000 millones de dólares y, según Caracas, más de 209.000 millones en impuestos y regalías durante 25 años.
Para Washington, sin embargo, el petróleo es mucho más que una oportunidad económica.
Es también una pieza de poder geopolítico.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y durante años estuvo profundamente vinculada económicamente con China, Rusia, Cuba y otros gobiernos adversarios de Estados Unidos. El nuevo entendimiento modifica ese tablero y devuelve a Washington una influencia extraordinaria sobre la industria energética venezolana.
El petróleo se convierte así en una moneda de cambio: inversiones, reconocimiento político, alivio de sanciones y reconstrucción económica por un lado; acceso privilegiado a las reservas, participación empresarial y capacidad de influencia sobre la industria petrolera por el otro.
Pero existe una contradicción que comienza a hacerse visible en las calles venezolanas.
El petróleo está regresando al centro de la economía, pero el bienestar todavía no está llegando al ciudadano común.
Una entrevista de CNN realizada esta semana describió un escenario muy diferente al triunfalismo de Washington. El periodista Tom Gunson señaló que la vida de los venezolanos comunes había empeorado desde la intervención estadounidense de enero, con inflación todavía extremadamente elevada, salarios insuficientes, servicios públicos deteriorados y cortes de electricidad frecuentes.
Ese contraste puede convertirse en el mayor problema político del llamado experimento venezolano.
Washington habla de reconstrucción. Caracas habla de recuperación. Las compañías petroleras hablan de inversiones. Pero una parte importante de la población pregunta cuándo ese petróleo se traducirá en electricidad estable, salarios dignos, hospitales funcionando, alimentos accesibles y oportunidades para los jóvenes.
Porque una transición política no puede medirse únicamente por la cantidad de barriles que vuelven al mercado.
También debe medirse por la calidad de vida de la población.
Y aquí aparece el segundo gran interrogante: la democracia.
Cuando Maduro fue removido, muchos venezolanos esperaban que su salida abriera rápidamente el camino hacia elecciones libres. Sin embargo, hasta ahora Delcy Rodríguez y la administración Trump no han establecido una fecha concreta para una elección presidencial.
The Los Angeles Times señaló recientemente que los venezolanos se preguntan precisamente qué ocurrió con las elecciones prometidas. El medio reportó que tanto Trump como Rodríguez han evitado comprometerse con una fecha específica, mientras sectores de la población consideran que el acuerdo petrolero puede estar consolidando en el poder a un gobierno que no fue elegido democráticamente.
El problema es que el petróleo puede comprar tiempo político, pero no necesariamente legitimidad democrática.
Delcy Rodríguez ha defendido ante TIME la idea de que Venezuela atraviesa una transformación económica y política y ha insistido en que su objetivo es construir una nueva etapa para el país. También ha rechazado la idea de que esté entregando la soberanía venezolana a Estados Unidos.
Sin embargo, desde una perspectiva geopolítica, la situación resulta paradójica.
Estados Unidos intervino para terminar con Maduro, pero ahora mantiene una relación de cooperación con quien fue una figura central de su gobierno. Washington declaró durante años que el régimen venezolano era ilegítimo; hoy negocia directamente con la administración de Rodríguez y participa en la reconstrucción de su industria petrolera.
El resultado es una especie de pragmatismo geopolítico: la democracia continúa siendo un objetivo declarado, pero el petróleo se ha convertido en la prioridad inmediata.
Eso explica la creciente decepción de algunos venezolanos.
Muchos no querían simplemente cambiar a un gobernante por otro. Querían elecciones, instituciones independientes, seguridad jurídica, libertad política y una economía capaz de ofrecer una vida digna.
Y mientras esas transformaciones no llegan, el ciudadano observa cómo miles de millones de dólares empiezan a moverse alrededor de la industria petrolera mientras su propia situación cotidiana cambia mucho más lentamente.
El peligro para Washington es evidente: si el experimento económico funciona pero no desemboca en una apertura democrática real, Estados Unidos podría terminar ayudando a construir una nueva estructura de poder en Caracas en lugar de facilitar una transición.
El peligro para Delcy Rodríguez también es considerable: si la población no percibe resultados concretos y si las elecciones continúan sin fecha, el petróleo puede dejar de ser símbolo de recuperación para convertirse en símbolo de una nueva élite beneficiada por la riqueza nacional.
Y existe una tercera dimensión.
Venezuela podría convertirse nuevamente en el escenario de una disputa global por los recursos energéticos.
China y Rusia no desaparecen automáticamente del tablero. Estados Unidos busca recuperar influencia sobre el hemisferio occidental y garantizar acceso a hidrocarburos estratégicos, mientras las potencias externas observan cómo Caracas reorienta sus alianzas.
Por eso Venezuela ya no es únicamente una crisis latinoamericana.
Es un laboratorio geopolítico donde se cruzan petróleo, poder, reconstrucción, intereses estadounidenses y la promesa pendiente de democracia.
El verdadero éxito del experimento no se determinará en Washington ni en Miraflores.
Se determinará en los barrios de Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y en las zonas petroleras del país.
Si el petróleo vuelve a producir millones de barriles, pero el venezolano continúa sin electricidad confiable, salarios dignos, instituciones democráticas y libertad para elegir a sus gobernantes, entonces habrá ocurrido una recuperación de la industria, pero no necesariamente una recuperación de Venezuela.
Porque una nación no se reconstruye solamente con petróleo. Se reconstruye cuando su riqueza vuelve a pertenecer, en beneficios concretos, a sus ciudadanos y cuando estos recuperan el derecho de decidir libremente quién los gobierna.
Fuentes
- TIME, entrevista y perfil de Delcy Rodríguez, julio de 2026.
- The White House, acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, agosto-septiembre de 2026.
- Reuters, análisis sobre el acuerdo petrolero y las dudas sobre transparencia y legalidad, agosto de 2026.
- Los Angeles Times, As Trump locks in oil deal, Venezuelans ask: What happened to elections?, 7 de septiembre de 2026.
- CNN, entrevista sobre la situación económica y social de Venezuela, 1 de octubre de 2026.
- Council on Foreign Relations, análisis sobre el control estadounidense de los ingresos petroleros venezolanos, junio de 2026
