Por Alonso Rosales
Venezuela recibió US$12,107 millones de los ingresos generados por la venta de petróleo y otros recursos naturales, pero el acceso a esos fondos estuvo condicionado a la autorización del Gobierno de Estados Unidos. El mecanismo, establecido por la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, vuelve a poner en el centro del debate la soberanía económica venezolana y la influencia de Washington sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Un informe divulgado por el Departamento de Estado estadounidense y elaborado por la firma auditora KPMG revela que, entre enero y el 30 de septiembre de 2026, la denominada Cuenta de Custodia de Venezuela recibió US$12,263 millones. De esa cantidad, US$12,107 millones fueron transferidos posteriormente a Venezuela, mediante operaciones autorizadas por los departamentos del Tesoro y de Estado.
La mayor parte de los recursos procedió de la industria petrolera. El 98.74% de los ingresos, equivalente a aproximadamente US$12,109 millones, correspondió a la comercialización de crudo, derivados del petróleo y gas natural. El resto provino de la venta de oro, otros minerales y fertilizantes.
El dinero regresó, pero bajo condiciones
Según el documento, los recursos fueron canalizados a través del Banco Central de Venezuela y posteriormente distribuidos en el sistema financiero nacional.
De los US$12,107 millones entregados, US$2,087 millones se utilizaron en subastas de divisas, US$9,322 millones mediante intervenciones electrónicas en el mercado cambiario, US$549 millones en intervenciones con billetes y otros US$133 millones para pagar proveedores.
El objetivo declarado por Washington fue evitar un colapso económico, estabilizar el bolívar y garantizar el funcionamiento de sectores esenciales de la economía venezolana.
En cuanto a los beneficiarios, el informe señala que US$2,873 millones llegaron a personas naturales, mientras que US$9,366 millones fueron destinados a entidades jurídicas, entre ellas empresas públicas y privadas.
Los principales sectores beneficiados fueron alimentos y bienes de consumo, con US$3,348 millones; negocios y servicios administrativos, con US$2,218 millones; y agricultura, con US$1,178 millones.
Estas tres actividades concentraron aproximadamente el 72% de los desembolsos sectoriales, reflejando la prioridad de mantener el abastecimiento, la distribución comercial y las cadenas de suministro.
Sin embargo, el documento no identifica a los destinatarios finales ni a las empresas que recibieron individualmente los recursos, una omisión que mantiene abiertas interrogantes sobre la transparencia y los mecanismos de distribución.
Washington gana influencia sobre Caracas
Más allá de las cifras, el aspecto políticamente más significativo es el mecanismo de control establecido por Estados Unidos. Aunque los recursos pertenecen legalmente a Venezuela, su administración y desembolso dependen de autorizaciones estadounidenses.
El académico Imdat Oner, de la Universidad Internacional de Florida, considera que este esquema evidencia las prioridades de Washington: impedir que la economía venezolana colapse y, al mismo tiempo, conservar una importante capacidad de influencia sobre las decisiones del Gobierno interino.
La dependencia financiera tiene consecuencias políticas. Cada desembolso requiere aprobación estadounidense, lo que convierte el acceso a los ingresos petroleros en un instrumento de presión y negociación.
Por su parte, el analista Ricardo Ríos cuestionó la falta de información sobre los beneficiarios de las operaciones cambiarias y planteó dudas sobre quiénes pudieron aprovechar las divisas asignadas a precios preferenciales.
El académico Benigno Alarcón también señaló que Estados Unidos dispone de una importante capacidad de influencia sobre Caracas, mientras continúa sin establecerse un calendario concreto para futuras elecciones.
La soberanía venezolana, en el centro del debate
El caso refleja una nueva realidad política y económica para Venezuela: el país conserva sus recursos naturales y genera ingresos por su comercialización, pero una parte fundamental de las decisiones sobre el destino de ese dinero pasa por Washington.
La administración Trump presenta el mecanismo como una herramienta de supervisión, transparencia y estabilización económica. Sus críticos, en cambio, consideran que representa una limitación significativa de la autonomía financiera venezolana.
El dilema es evidente: la supervisión estadounidense puede contribuir a sostener la economía y garantizar recursos para sectores estratégicos, pero también consolida una relación de dependencia que trasciende lo estrictamente comercial.
En este escenario, Delcy Rodríguez enfrenta el desafío de administrar un país cuyos ingresos petroleros continúan siendo fundamentales, pero cuyo acceso a esos recursos está condicionado por decisiones tomadas fuera de sus fronteras.
La pregunta de fondo ya no es solamente cuánto dinero produce Venezuela, sino quién tiene la última palabra sobre cómo se utiliza. Y, por ahora, el informe deja claro que Washington conserva una posición determinante en esa decisión.
Fuentes:
- CNN en Español, Mauricio Torres, 19 de noviembre de 2026.
- Departamento de Estado de Estados Unidos, informe de la Cuenta de Custodia de Venezuela, elaborado por KPMG.
- Declaraciones de Imdat Oner, Universidad Internacional de Florida.
- Ricardo Ríos, consultora Poder & Estrategia.
- Benigno Alarcón, declaraciones públicas en X.




