Por Redacción ContraPunto
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de El Salvador alcanzaron un acuerdo a nivel técnico para avanzar con la segunda y tercera revisiones combinadas del programa de 40 meses suscrito bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF). El entendimiento abre la posibilidad de que el país acceda a unos 140 millones de dólares, aunque el desembolso todavía deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo y estará condicionado al cumplimiento de las medidas previas acordadas.
Uno de los puntos que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica es el sistema de pensiones. El FMI plantea que durante 2027 El Salvador avance hacia la aprobación de una reforma paramétrica, es decir, modificaciones en variables fundamentales del sistema previsional con el propósito de mejorar su sostenibilidad financiera y reducir las presiones fiscales que pesan sobre el Estado.
La reforma de pensiones vuelve al centro del debate
La reforma paramétrica representa uno de los compromisos más sensibles dentro del programa con el FMI. Este tipo de reformas puede involucrar cambios en elementos como las tasas de cotización, las condiciones para acceder a una pensión, los beneficios o la edad de retiro, dependiendo de las decisiones que finalmente adopten las autoridades.
El tema ya había generado preocupación debido a que el Gobierno salvadoreño no presentó dentro del plazo originalmente establecido —10 de febrero de 2026— la propuesta de reforma previsional acordada con el organismo internacional. El FMI había solicitado medidas destinadas a reducir el déficit actuarial y contener el crecimiento de las obligaciones previsionales del Estado.
Ahora, el nuevo entendimiento coloca nuevamente la reforma sobre la mesa, pero con una perspectiva de implementación para 2027, de acuerdo con la comunicación del FMI sobre las revisiones del programa. El organismo señala además que será necesario reconocer las obligaciones derivadas del vencimiento del período de gracia para el pago de intereses adeudados a los fondos privados de pensiones.
El Salvador podría recibir otros $140 millones
El acuerdo alcanzado entre el equipo técnico del FMI y el Gobierno salvadoreño contempla la conclusión de las revisiones segunda y tercera del programa financiero. Si el Directorio Ejecutivo del Fondo da su aprobación y se cumplen las acciones previas establecidas, El Salvador podría recibir aproximadamente 140 millones de dólares, equivalentes a 101.96 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).
El financiamiento forma parte del programa de 40 meses aprobado para El Salvador, cuyo monto total asciende a 1,400 millones de dólares. El programa busca respaldar las políticas de consolidación fiscal, fortalecer la estabilidad financiera y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El acuerdo llega además en un momento en que el FMI reconoce un desempeño económico mejor al esperado. Según el organismo, la economía salvadoreña creció por encima de las previsiones durante 2025 y se proyecta un crecimiento real del 4.5 % para 2026, impulsado principalmente por la inversión y el consumo privados, las remesas, el turismo y los flujos de capital.
Más disciplina fiscal y reducción de la deuda
El entendimiento también contempla una profundización de la consolidación fiscal. El FMI proyecta que el superávit primario del Sector Público No Financiero aumentará del 2.9 % del PIB en 2026 al 3.7 % en 2027.
Esta trayectoria está relacionada con el objetivo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal de reducir la deuda pública hasta alcanzar el 80 % del PIB en 2030. Para lograrlo, el Gobierno deberá mantener políticas prudentes de gasto y mejorar la administración de los ingresos tributarios, al mismo tiempo que busca mantener recursos para infraestructura y programas sociales.
El reto para el Gobierno será encontrar un equilibrio entre la disciplina fiscal exigida por el programa y las necesidades sociales del país. En ese escenario, la reforma de pensiones será probablemente uno de los temas de mayor sensibilidad, debido a sus posibles efectos sobre trabajadores, cotizantes y futuros jubilados.
Un acuerdo que todavía no significa desembolso inmediato
Aunque el entendimiento técnico representa un avance para El Salvador, los 140 millones de dólares no constituyen todavía un desembolso automático. El acuerdo debe pasar por la consideración del Directorio Ejecutivo del FMI y el Gobierno deberá cumplir las acciones previas contempladas en el programa.
El nuevo paso evidencia, además, que la relación financiera entre El Salvador y el FMI continuará vinculada a una agenda de reformas estructurales. Entre ellas figuran el fortalecimiento del sistema de pensiones, la modernización del servicio público, la regulación financiera, la transparencia, la lucha contra el lavado de dinero y el mejoramiento de la información sobre las finanzas públicas.
Para los salvadoreños, la discusión que se abrirá durante 2027 será especialmente relevante: cómo garantizar pensiones sostenibles en el largo plazo sin trasladar de manera desproporcionada el costo de los ajustes a trabajadores y jubilados. Esa será una de las principales pruebas económicas y sociales que enfrentará el país dentro de la nueva etapa del acuerdo con el FMI.
