Por Alonso Rosales
— Benito Miranda Hernández, un veterano de la Marina de Estados Unidos que participó en tres misiones durante la guerra de Irak, permanece detenido en el Centro de Detención de Otay Mesa y enfrenta una posible deportación, pese a haber pasado gran parte de su vida en territorio estadounidense y haber servido en las Fuerzas Armadas.
Hernández llegó a Estados Unidos desde México siendo un niño, junto con su madre, María Miranda, ambos como residentes permanentes. Años después decidió incorporarse a la Marina y cumplió tres períodos de servicio durante la guerra de Irak.
Sin embargo, tras regresar de sus despliegues, su familia asegura que sufrió una profunda transformación emocional y psicológica. Su madre afirma que el hombre que volvió de la guerra ya no era el mismo joven que había partido.
“Cuando regresó, fue entonces cuando dije: ‘Este ya no es mi hijo’”, relató Miranda, quien sostiene que su hijo quedó marcado por las experiencias vividas durante sus misiones militares.
La trayectoria de Hernández después de su servicio estuvo marcada por problemas con la justicia. Registros judiciales muestran que cumplió varios años de prisión por condenas relacionadas con delitos graves de drogas y armas, además de violaciones de libertad condicional en Virginia y California.
Sus defensores reconocen la gravedad de esos delitos, pero sostienen que su historial debe analizarse también a la luz de las consecuencias psicológicas de su participación en conflictos bélicos.
Héctor Barajas, un veterano del Ejército que también fue deportado y posteriormente pudo regresar a Estados Unidos y obtener la ciudadanía, afirmó que Hernández padece trastorno de estrés postraumático (TEPT) y que necesita atención y apoyo para reintegrarse a la sociedad.
“Tenemos veteranos sin hogar. Tenemos veteranos que se quitan la vida”, señaló Barajas, quien considera que los problemas de salud mental y los antecedentes penales de algunos exmilitares requieren programas de rehabilitación, no únicamente medidas de expulsión.
Hernández había comenzado un proceso de reinserción después de salir de una prisión estatal de California. Durante el último año de su condena permaneció en un centro de reinserción social en Barrio Logan, donde pudo trabajar, recibir clases y utilizar un monitor de tobillo mientras se preparaba para reincorporarse a la sociedad.
Sus defensores aseguran que, en noviembre, incluso celebraron con él después de que le fuera restablecida su tarjeta de residencia.
Pero el proceso cambió en junio. Cuando Hernández abandonaba el programa de reinserción, agentes federales de inmigración lo detuvieron. Su madre acudió al lugar para recogerlo y descubrió que ya había sido trasladado bajo custodia de las autoridades migratorias.
La detención volvió a abrir el debate sobre el tratamiento que reciben los veteranos inmigrantes que, después de servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses, enfrentan procesos migratorios debido a sus antecedentes penales.
En una carta dirigida al Congreso a comienzos de este año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que había arrestado a 125 exmilitares durante el primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Aproximadamente un tercio de ellos tenía órdenes de aprehensión vigentes.
El Consejo de Justicia Penal señaló, por su parte, en un informe de 2023 que aproximadamente un tercio de los veteranos militares tiene antecedentes de arrestos, frente a cerca de uno de cada cinco civiles.
Para los defensores de Hernández, el caso refleja una problemática más amplia: la dificultad de algunos veteranos para pasar de la vida militar a la civil y acceder a tratamiento psicológico, empleo y programas efectivos de reinserción.
James L. Smith II, veterano del Ejército y fundador de Black Deported Veterans of America, cuestionó que el apoyo a las Fuerzas Armadas no siempre incluya a quienes nacieron fuera de Estados Unidos y posteriormente sirvieron al país.
“Las personas responsables de resolver esto, en el Congreso, se presentan frente a las cámaras todo el tiempo diciendo que aman a los militares”, sostuvo Smith, al considerar contradictorio que algunos veteranos puedan terminar enfrentando la deportación.
La madre de Hernández teme ahora por su estado emocional mientras permanece detenido. Durante una visita, dijo haber percibido en su hijo enojo y resentimiento.
“Todos mis sueños de estar con mi hijo se han acabado”, afirmó entre lágrimas.
ICE no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el caso.
El futuro de Hernández dependerá ahora del proceso migratorio y judicial que enfrenta. Mientras tanto, su caso vuelve a colocar bajo el foco la situación de los veteranos inmigrantes y las consecuencias que pueden enfrentar incluso después de haber servido en conflictos armados en nombre de Estados Unidos.
Para su familia, la pregunta no es únicamente qué hizo después de regresar de Irak, sino también qué ocurrió con aquel joven que volvió de la guerra y qué responsabilidad tiene el país al que sirvió frente a los veteranos que regresan con heridas que no siempre son visibles.
