Por Alonso Rosales
La advertencia formulada por el ex presidente colombiano Gustavo Petro sobre la soberanía de los datos plantea un debate que trasciende la política electoral y las disputas entre gobiernos, empresas y grupos económicos. En la era de la inteligencia artificial, el verdadero poder no reside únicamente en controlar territorios, recursos naturales o instituciones: reside también en controlar los datos que describen a las personas, sus relaciones, sus movimientos, sus preferencias y sus decisiones.
Petro ha sostenido que Colombia necesita garantizar la soberanía sobre los datos de sus ciudadanos y ha vinculado esta discusión con el proyecto de megadatacenter de Santa Marta, concebido como infraestructura para inteligencia artificial, grandes volúmenes de información y una eventual nube soberana. El proyecto fue anunciado con una inversión de 65.000 millones de pesos y asociado a la Universidad del Magdalena y al proyecto ALUNA IA.
La preocupación merece ser analizada científicamente, aunque algunas afirmaciones requieren precisión. No es correcto afirmar que Palantir significa, por sí mismo, que todos los datos de la humanidad pasan automáticamente a Estados Unidos. Palantir desarrolla plataformas para integrar, analizar y operar grandes conjuntos de datos; su propia documentación describe Foundry como una infraestructura capaz de conectar datos de distintas fuentes, construir modelos semánticos y utilizarlos en procesos de decisión y automatización mediante inteligencia artificial.
El problema verdaderamente importante es otro: ¿quién controla la infraestructura, las reglas de acceso, los algoritmos, los modelos de inteligencia artificial y las decisiones que pueden derivarse de los datos?
Ahí aparece el concepto de soberanía digital.
Un país puede conservar físicamente una base de datos dentro de sus fronteras y, sin embargo, perder parte de su autonomía si la infraestructura crítica, el software, las capacidades de procesamiento o los mecanismos de administración dependen de compañías extranjeras. La soberanía tecnológica no consiste solamente en saber dónde están almacenados los servidores. Implica controlar jurídicamente, técnicamente y políticamente el ciclo completo de la información.
Palantir, de hecho, reconoce que la soberanía de los datos constituye un problema estratégico y afirma que sus arquitecturas pueden permitir a organizaciones mantener control sobre sus datos, información sensible y sistemas de inteligencia artificial. También ofrece modalidades de despliegue en infraestructura propia o en distintos entornos de nube.
Pero precisamente allí aparece la pregunta fundamental: ¿puede una nación considerar soberanos sus datos cuando las tecnologías esenciales para procesarlos pertenecen a corporaciones extranjeras?
La discusión no es hipotética. En Estados Unidos, legisladores han solicitado explicaciones sobre el uso de tecnologías desarrolladas por Palantir para integrar y analizar grandes cantidades de información personal, mientras organizaciones de vigilancia democrática han reclamado mayor transparencia sobre el acceso gubernamental a datos sensibles.
Al mismo tiempo, otros gobiernos han intentado establecer controles contractuales para impedir que la información nacional quede bajo control extranjero. El Ministerio de Defensa británico, por ejemplo, afirmó ante el Parlamento que los datos utilizados en sistemas de Palantir permanecen bajo propiedad y control soberano del Ministerio y que existen mecanismos contractuales para impedir cambios sin su consentimiento.
Esto demuestra que el debate serio no debe reducirse a Palantir contra Colombia o Estados Unidos contra América Latina. El problema es estructural: la concentración de capacidades de computación, almacenamiento, inteligencia artificial y análisis de datos en un reducido número de Estados y corporaciones.
Del dato personal al poder predictivo
La revolución tecnológica actual introduce una diferencia fundamental respecto de las bases de datos tradicionales.
Antes, disponer de información significaba principalmente almacenarla y consultarla. Ahora, mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático, enormes volúmenes de datos pueden convertirse en modelos predictivos.
Un sistema puede correlacionar información aparentemente desconectada: ubicación, comunicaciones, transacciones, imágenes, historiales administrativos, relaciones sociales y comportamientos digitales. La combinación de estas variables permite construir perfiles probabilísticos.
Y allí aparece el verdadero riesgo.
La persona deja de ser únicamente un ciudadano identificado en una base de datos y comienza a convertirse en un objeto computacionalmente predecible.
La cuestión filosófica y científica es entonces enorme: si un algoritmo puede anticipar determinados comportamientos, ¿quién decide qué hacer con esa predicción?
La inteligencia artificial puede servir para detectar enfermedades, combatir el crimen organizado, optimizar redes eléctricas, mejorar la agricultura, administrar hospitales o responder ante desastres. Pero la misma capacidad tecnológica puede utilizarse para vigilancia masiva, clasificación de ciudadanos, manipulación informativa o decisiones automatizadas que afecten derechos fundamentales.
Por eso la inteligencia artificial no puede ser considerada únicamente una herramienta empresarial. Es también una infraestructura de poder.
La soberanía individual
La discusión planteada por Petro contiene además una dimensión todavía más profunda: la soberanía individual.
En el mundo digital, la intimidad ya no está constituida solamente por lo que una persona mantiene en secreto. También está formada por las huellas que deja involuntariamente.
Cada búsqueda, desplazamiento, compra, fotografía, interacción y comunicación puede convertirse en una variable dentro de sistemas de análisis.
La amenaza, por tanto, no consiste necesariamente en que alguien lea literalmente cada conversación. El problema puede ser mucho más sofisticado: que sistemas automatizados construyan modelos sobre nosotros sin que sepamos exactamente qué información utilizan, qué inferencias producen o qué decisiones pueden derivarse de ellas.
Por eso la protección de los datos personales debe evolucionar hacia una auténtica gobernanza algorítmica.
No basta con proteger la base de datos. Hay que proteger también los modelos, las inferencias, los mecanismos de decisión y el derecho de una persona a saber cómo una máquina llegó a una conclusión que puede afectarla.
La inteligencia artificial como patrimonio de la humanidad
La frase de Petro según la cual la inteligencia artificial debería ser un bien de la humanidad abre finalmente una discusión de alcance planetario.
La humanidad se encuentra ante una tecnología que puede convertirse en una de las mayores herramientas de emancipación científica de la historia, pero también en un mecanismo extraordinario de concentración de poder.
El desafío consiste en impedir que la inteligencia artificial quede sometida exclusivamente a los intereses de Estados, corporaciones militares o gigantes tecnológicos.
La solución tampoco puede ser eliminar la tecnología ni detener la innovación. Sería científicamente imposible y socialmente contraproducente.
La alternativa es construir soberanía tecnológica democrática: centros de datos nacionales o regionales, infraestructura pública, modelos auditables, protección de datos, estándares internacionales, transparencia algorítmica, controles judiciales y límites estrictos al uso militar y policial de sistemas capaces de procesar información masiva.
El proyecto de Santa Marta, en este contexto, puede ser mucho más que la construcción de un centro de servidores. Si se desarrolla con verdadera autonomía tecnológica, puede convertirse en un laboratorio latinoamericano para discutir quién controla los datos, quién controla la inteligencia artificial y, finalmente, quién controla el conocimiento.
La humanidad no necesita escapar necesariamente hacia Marte para preservar su futuro. Necesita evitar que la Tierra se convierta en una sociedad donde unas pocas infraestructuras tecnológicas conozcan, clasifiquen y condicionen la vida de miles de millones de personas.
El futuro de la libertad podría depender menos de quién posee los territorios y más de quién posee la capacidad de procesar nuestra información.
La soberanía del siglo XXI tendrá, inevitablemente, una dimensión digital.
Y la pregunta que Colombia, América Latina y el mundo deberían comenzar a formular es sencilla, pero decisiva:
¿Los datos pertenecen a quienes los generan, a los Estados que deben protegerlos o a las empresas que poseen la tecnología para procesarlos?
La respuesta determinará buena parte de la arquitectura política, económica y humana del siglo XXI.
